La Generalitat alega contra los planes de cuenca para mantener el trasvase Tajo-Segura

Casi dos meses después de que la Diputación de Alicante anunciase el recurso ante el Tribunal Supremo contra los recortes del trasvase Tajo-Segura, el Gobierno autonómico de Ximo Puig ha anunciado la presentación de alegaciones a los planes de cuenca del Tajo, el Júcar y el Segura para el periodo 2022-2027.

Este anuncio se produce un día después de la reunión entre la Diputación de Alicante y la Región de Murcia, donde se desveló que los caudales ecológicos del Tajo aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica de la socialista Teresa Ribera, están mal calculados.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, se han reunido en el Palau para explicar el contenido de las alegaciones a la Acequia del Xúquer, la Comunidad de Regantes de Sueca, el Juzgado de Aguas de Orihuela, la Comunidad de Usuarios del canal Xúquer-Túria, el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y Riegos de Levante.

Coincidencia

Tras la reunión, el presidente autonómico ha hecho suyas las conclusiones de la reunión de ayer en Murcia asegurando que "los cálculos empleados para determinar el caudal ecológico del Tajo no responden a criterios lo suficientemente rigurosos", y por eso en las alegaciones se reclama que "se realicen los estudios actualizados necesarios".

En cualquier caso, y mientras se elaboran nuevos cálculos, el Gobierno valenciano propone que el caudal ecológico no supere los 6,2 metros cúbicos por segundo (m3/s) durante los meses de estío. Según los planes del Ministerio ese caudal mínimo a su paso por determinadas localidades de Castilla-La Mancha llegará a los 8,6 m3/s en enero de 2027. Actualmente han aumentado hasta los 7 m3/s.

Por su parte, la consellera ha recalcado que, en los cálculos del caudal del Tajo, no se han utilizado los criterios de la directiva marco del Agua de la Unión Europea, ni otros indicadores de los que dispone la propia Administración.Eso, a juicio de Mollà, evidencia las "flaquezas científico-técnicas" de las propuestas. "Nosotros no proponemos fijar el caudal de forma caprichosa, sino sobre la base de estudios actualizados", ha remarcado.

Las alegaciones de la Generalitat al plan de cuenca del Segura alertan sobre las incertidumbres generadas por el establecimiento del caudal ecológico en el Tajo y la falta de estudios socioeconómicos del impacto que podría causar en el de un territorio dependiente del trasvase.

Así, se reclama una evaluación completa y medidas que aporten seguridad a los usuarios de la demarcación, como las fechas de disponibilidad de agua desalada o la valoración del precio del agua que resulte de la mezcla de agua del trasvase y desalinizada.

En el documento, según ha explicado el presidente, se reclaman inversiones para que la red de drenaje de riego se amplíe y se acondicione, a la vez que se rechaza la implantación de nuevos corredores hidráulicos que cambien la red de riego actual.

Para la consellera, la Generalitat ha propuesto toda una serie de actuaciones que deberían formar parte del plan de gestión de riesgo por inundación elaborado por la propia Confederación Hidrográfica del Segura.

Júcar

Respecto al Júcar, el Gobierno valenciano presenta alegaciones para que se dote al parque natural de la Albufera de una asignación ambiental de 74 hectómetros cúbicos al año que "no dependa de proyectos de modernización, sobrantes o aportaciones ya concedidas a comunidades de regantes", en palabras de Mollà.

El presidente y la consellera han insistido en que la Albufera no es solo un lago de agua dulce, sino que es un parque natural que "incluye una de las zonas húmedas más importantes de Europa y que las necesidades ambientales de este territorio de gran valor ecológico no pueden depender de otros condicionantes".

Por ello, en las alegaciones se reclama que el plan del Júcar incluya como principio general que los sistemas de riego tradicionales, así como las modernizaciones se condicionen a las necesidades ecosistemicas de la Albufera. Igualmente, la Generalitat pide que se mantengan todas las inversiones previstas.