Una mezcla de indignación y orgullo de pertenencia al territorio más olvidado por la Generalitat Valenciana, la Vega Baja, llenó a última hora de la tarde de ayer el Auditorio de La Lonja de Orihuela. El motivo, un Programa de Actuación Territorial (PAT) elaborado "por unos señores en Valencia" y de marcado "corte ambientalista" que "asfixia, condena y limita" el desarrollo del municipio (con un tercio del PIB y de la población de la comarca), y a la Vega Baja en general.
El Ayuntamiento presidido por el popular Emilio Bascuñana había convocado a la sociedad civil a una mesa redonda con técnicos, el abogado urbanista Federico Ros y el ingeniero de la UA, Armando Ortuño, para explicar el porqué del rechazo a este PAT. Y es que a los municipios de la comarca no se les ha dado voz, Ximo Puig, que enarbola un programa propio, el "Vega Renhace", en contradicción con los postulados del nuevo plan.
Bascuñana explicó que se han elaborado 168 propuestas-alegaciones que son una "enmienda a la totalidad" del proyecto autonómico que la Generalitat "está tratando de imponer sin consenso". Como ya hizo en Castellón, que quedó en suspenso.
Se trata de propuestas que han servido de base a las alegaciones de muchos de los otros ayuntamientos de la comarca. También la Cámara de Comercio de Orihuela, por boca de su presidente, ha plasmado en un documento las de la sociedad civil: empresarios, asociaciones, colectivos o sindicatos.
Abocados a lo 'rural'
Federico Ros comenzó explicando la trascendencia de la aprobación del PAT, ya que como planeamiento supramunicipal, se superpondrá y se impondrá a los planeamientos de cada localidad. Todo ello, sin informes sectoriales ni memorias económicas que en planeamientos menores llevan tramitaciones de décadas frente a este que ha sido improvisado en tan sólo dos años.
De hecho, hay una cifra clave. De las 68 alegaciones realizadas por el municipio durante su primera tramitación, sólo una ha sido atendida. Así, no se ha contado ni con los ayuntamientos ni con los agentes públicos ni privados del municipio en un documento que establece qué se podrá y no se podrá hacer en el territorio en las próximas décadas. La Generalitat quiere marcar las "reglas del juego" sin ni siquiera hablar con los jugadores, señaló Ros, lo que pone en riesgo el principio de autonomía local.
Entre esas reglas, la principal ha sido que la Vega Baja debe desarrollarse bajo unos particulares criterios medioambientales, paisajistas y agrarios, dejando para otras comarcas el peso en industria y servicios. Sin embargo, continuó Bascuñana, se limita las actuaciones y actividades en suelo rural, se obvia el trasvase Tajo-Segura y se imponen parques fotovoltaicos en reservas naturales como la Sierra de Escalona.
Unas megaplantas enfocadas a abaratar el precio de la desalación y así acabar con el trasvase, explicó Ortuño, que pueden tener efectos perniciosos al ocupar cerca de 50 hectáreas (la superficie de un campo de golf) valladas que constituyen "la antítesis de un corredor ambiental. Con una salvedad, que un campo de golf de 15 hectáreas proporciona 15 empleos y que esa misma superficie dedicada a la agricultura da 5, mientras que la planta de energía en ese mismo terreno sólo requiere de un trabajador.
Una pérdida de 2.000 millones de euros
El PAT de la Vega Baja castiga especialmente al urbanismo y con ello al turismo residencial en un municipio cuyo litoral está a la cabeza de este sector. Y es que cifra en 7.500 viviendas las construcciones "a extinguir" en 15 años e impedirá la construcción unifamiliar sobre suelo no urbanizable incluso donde la actual ley lo permite con unas determinadas condiciones.
Como planeamiento superior al PGOU desclasifica parte de lo clasificado pero no clasifica terreno nuevo para construcciones o polígonos industriales. Incluso allí donde el Patricova (legislación sobre inundaciones) lo permite después de las infraestructuras necesarias.
Y es que esas infraestructuras, tanto hídricas como de movilidad, ni siquiera han sido previstas en el proyecto. Ni la CV-91, ni la CV-95 (demandas históricas de unos vecinos que tardan menos en llegar a la capital de la provincia por autovía que a sus costas por carretera), ni el tren con el litoral, ni las cercanías (con más de una hora de trayecto para apenas 60 kilómetros de distancia).
Así que, Orihuela que perdió 530 millones de euros con la DANA de 2019, ahora se enfrenta a una pérdida en la próxima década de 2.000 millones de euros como efecto de las limitaciones al urbanismo, a los servicios y al sector agroalimentario. Más de 300 millones, señaló el alcalde, por la pérdida de ingresos del Ayuntamiento en impuestos y compensaciones urbanísticas.