Una noticia, en teoría, positiva que, sin embargo, no ha sentado bien a Callosa de Segura. La noticia en sí la difundía el gabinete de la Conselleria de Vivienda este lunes por la tarde: la adquisición de un total de 22 viviendas en este municipio de la Vega Baja.
Con una inversión de 2 millones de euros, la propiedad de estas 22 viviendas pertenecía, hasta este lunes, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o banco malo, que se hizo con parte del bloque, situado en el centro, después de que la promotora fuera noqueada por el 'boom' del ladrillo hace tres lustros.
Según el secretario Autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, que ha participado en el acto notarial, la incorporación al parque público de estas viviendas "permitirá dotar de solución habitacional a situaciones de especial vulnerabilidad de Callosa de Segura".
La operación, que se ha llevado a cabo a través de la dirección general de Vivienda y Regeneración Urbana, incluye además el traspaso de 30 garajes y tres trasteros, según ha informado la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, que ha estado presente en la firma.
Sin embargo, para el alcalde Manuel Martínez Sirvent, del Partido Popular, en Callosa tienen una "sensación agridulce" ya que no han incluido su principal demanda: que las 22 viviendas estuvieran "diseminadas por la ciudad y no en un mismo bloque", como ha optado el Consell.
Fue el anterior conseller, Rubén Dalmau, quien anunció a finales de 2020 que iban a realizar la compra "en un mismo edificio". La reacción no se hizo esperar en un municipio que ha venido denunciando numerosos casos de okupaciones ilegales, lo que ha llevado al primer edil a exigir un cambio de la ley para acortar los tiempos de intervención de las autoridades.
"Repartir las viviendas es beneficioso para los usuarios, para los vecinos del edificio y para las distintas zonas”, dijo entonces el alcalde Martínez Sirvent. ¿Qué dice ahora? "Seguimos manteniendo nuestra posición", responde. Una posición que, recuerda, cuenta con el respaldo de todos los grupos con representación en el pleno y con el aval de más de 3.500 firmas recogidas por los vecinos, quienes pidieron sin éxito que la compra se hiciera repartida por toda la localidad.
Contrario a la ley
Según sostiene el regidor popular, esta iniciativa del Consell estaría incumpliendo la propia normativa del Consell, ya que no ha tenido en cuenta "la concentración" de las futuras viviendas sociales.
Si nos vamos a la ley de la función social de la Vivienda, en su artículo 6 se establece que "la conselleria responsable en materia de vivienda deberá, en tal caso, indicar de manera inmediata y con la mayor diligencia posibles un alojamiento concreto, evitando en todo caso la concentración y segregación espacial de los solicitantes y garantizando la cohesión social del espacio urbano".
Esta disposición también se repite en términos generales en el artículo 7 y 8 y se enfatiza en el artículo 20, cuando se explican los motivos: "Esta oferta estará distribuida por el conjunto del territorio y en ningún caso podrá haber concentraciones de vivienda social en determinados distritos o áreas con el fin de evitar la formación de agregados residenciales de bajas rentas concentrados sólo en determinados barrios o municipios".
Preguntado al alcalde, reconoce que teme por "las tensiones" que puede haber en el vecindario. "La experiencia que hemos tenido aquí con las viviendas sociales apuntan a una tensión con los vecinos y el entorno", asegura.
En una línea similar, el asesor jurídico de los vecinos contrarios a la unificación de las viviendas sociales aseveró en plena campaña de recogida de firmas que “integrar en un edificio a 22 personas de unas características que en un principio va a ser difícil la convivencia y que sabemos que puede haber problemas”.