La semana pasada dos familias terminaron a golpes intentando okupar una vivienda en el barrio alicantino de Miguel Hernández (antiguo 'José Antonio', nombre que prefieren los vecinos). Ni esperaron a que el cadáver del anterior inquilino, fallecido desde hacía 10 días, fuese sacado de su domicilio por la funeraria.
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), empresa pública de la Generalitat que gestiona estos domicilios "sociales", tuvo que recurrir a la policía para poder instalar una puerta de seguridad que evitase la ocupación.
Alberto Aznar, el director general de EVHA, confirma a EL ESPAÑOL que al menos una de cada cuatro casas del barrio está ocupada de forma ilegal. Más concretamente, de las 521 viviendas públicas de la zona, sólo 376 están alquiladas o con "otras formas de acceso" como la compraventa con pago aplazado. Por tanto, 137 están ocupadas irregularmente (un 26%).
Los vecinos siguen llamando a su barrio, a su hoguera y a su club deportivo "José Antonio".
El presidente de la Asociación de Vecinos Sol d'Alacant Barrio José Antonio, Lisardo Gabarre, asegura que son más. Explica que todavía hay tramitándose alrededor de un centenar de informes para regularizar su situación, además de 80 viviendas que no pudieron acogerse a la regularización previa de 2015. Así, con 180 inmuebles irregulares, la ratio de ocupación real asciende hasta el 34,5% del vecindario.
No obstante, la cuestión para el vecindario no es la ocupación como un problema, sino para qué se usan muchas de las casas ocupadas. El mercado del "trapicheo" de pisos del que narra diferentes casos Gabarre o las actividades ilegales que se desarrollan en su interior y que, por fortuna, no pasan del umbral de las viviendas.
La historia
'José Antonio' o 'Miguel Hernández', como ha pasado a denominarse hace dos años en el marco de la Ley de Memoria Histórica, fue un barrio promovido por el Instituto Nacional de la Vivienda en la periferia de la ciudad. Proyectado por el arquitecto Miguel López, constaba de 488 viviendas y 6 locales comerciales en su primera fase (1952) y 144 viviendas y 43 locales en su segunda fase (1956).
Según recogió el cronista Ismael Belda, la construcción comenzó siendo alcalde de Alicante Francisco Alberola, consejero provincial del Movimiento, concluyendo bajo el mandato del primer edil falangista Agatángelo Soler. De ahí el nombre del barrio.
Con la cesión de los terrenos por parte de la marquesa de Benalúa, se decidió construir viviendas sociales "para personas de escasos recursos como empleados del puerto, de una fábrica de sacos y hielo y de una compañía eléctrica vecinas y de las desaparecidas sociedades Cross y Aluminio Ibérico (Aludium, antes Alcoa)". Con el tiempo, sin embargo, ha terminado en convertirse en una comunidad eminentemente gitana y de inmigrantes de países del Magreb y centroafricanos.
Estado de algunas de las fachadas del barrio que muestran la precariedad de los materiales.
La precariedad de las técnicas y materiales empleados, provocó que dos bloques se hundieran durante su construcción. Una situación que continúa más de 70 años después, a la que se ha unido la aluminosis que afecta a varios de los edificios. El escaso mantenimiento por parte de las administraciones y los propios vecinos han convertido la vida en el barrio en una pesadilla de humedades y chinches en algunos casos, como explican las hermanas Mercedes y Emilia Chinchilla. Sin embargo, nadie quiere irse.
En 1987 se dio la oportunidad a los inquilinos para que comprasen los pisos. La Generalitat perdía un millón de euros anuales en impagos. No compró nadie. Salvador Rico, con 66 años de trayectoria en el vecindario, colabora con Sol d'Alacant en el reparto de alimentos todos los días laborables. Asegura que desde 2015 paga "religiosamente los 35 euros de alquiler mensual" por un piso de 89 metros cuadrados, con cuatro habitaciones y un baño. "Pero no todo el mundo puede o quiere pagar", añade.
Salvador Rico y Manuel Espinosa colaboran en la entrega diaria de alimentos.
Y es que hasta 2015 nadie se preocupó por un barrio que estaba en las afueras. Cuando se quedó como una isla entre zonas urbanizadas de reciente creación, se decidió regularizar la situación definitivamente. No se consiguió. Los que no se acogieron al plan fueron desahuciados. Pero enseguida las casas vacías volvieron a ser ocupadas.
Sin delincuencia
Pese a la situación general del barrio, agravada por la actual pandemia ya que la mayor parte de sus vecinos se dedican o a la cancelada venta ambulante en mercadillos o a la construcción, un fuerte movimiento vecinal ha permitido la ausencia de casos graves de delincuencia.
"Llevo 10 años luchando con la mayoría del barrio en un proyecto de seguridad ciudadana. Aun así, cuando nos descuidamos, ponen una plantación de marihuana en los pisos ocupados. Cuando nos enteramos lo denunciamos. Pero a veces sólo nos damos cuenta cuando los traficantes dejan un bloque sin luz. Como se 'enganchan' a la red, esto ocurre como mínimo dos veces al año. Lo puede confirmar Iberdrola", señala Gabarre.
Lisardo Gabarre, presidente de la asociación vecinal
La clave ha sido el deporte. "Con el fútbol, los chavales que tienen hasta 24 años se han convertido en gente muy sana. Hemos logrado mejorar mucho los resultados educativos de nuestro IES Cabanilles. De los más mayores, no podemos decir lo mismo. Fuman en grupo, pero no molestan a nadie. Se juntan en lugares muy localizados del barrio", explica el presidente vecinal.
Otro de los factores que han ayudado a eliminar la delincuencia son las ayudas sociales, la renta mínima y el reparto de alimentos. Gracias a las ayudas de la UE, y más concretamente a Rosa Ferrer y Mario Pineda de Cruz Roja, se ofrece comida diaria a todo el que presente un certificado de vulnerabilidad o acredite no llegar a la renta mínima. El Banco de Alimentos también colabora con fruta y verdura fresca todas las semanas.
Manuel González, uno de los vecinos veteranos del barrio.
"El problema no se produce porque haya una ocupación. El problema se produce cuando una misma persona o personas ocupan hasta tres casas al mismo tiempo. Hay gente que tiene tres pisos y gente que no tiene nada. ¿Qué es lo que tienen dentro, pájaros o marihuana?", se queja otro de los vecinos, Manuel González.
Clases sociales
Una isla dentro de esta isla son los edificios denominados por los vecinos como Beverly Hills, dos bloques construidos en 1981 que fueron entregados en propiedad a sus inquilinos el año pasado
Los bloques 'Beverly Hills' junto a las viviendas amarillas de los años 50.
El lado opuesto lo constituyen las casas de la plaza Yolanda Escrich (antigua plaza de la División Azul) 5 y 6, que la Generalitat quiere rehabilitar desde los cimientos con una inversión aproximada de 3,4 millones de euros licitada este mismo año. Para ello ya han reservado viviendas para 20 familias en otros barrios de Alicante.
Pese a las dificultades, nadie se quiere ir del barrio. Tanto si pertenecen a las familias que consiguen reunir con varios trabajos 1.100 euros mensuales o las que, con siete miembros, cobran una renta mínima de hasta 1.400 euros del Estado sin hacer nada. Se miran de reojo, pero se toleran.
Gabarre concluye: "Estos recelos se arreglarían obligando a estas personas que cobran la renta mínima a hacer servicios por la comunidad. No sólo en este barrio, en toda la ciudad. Limpiando calles y parques o recogiendo enseres a media jornada".