El Plan de Acción Territorial (PAT) de la Generalitat Valenciana sigue sumando rechazos. Si la semana pasada fue la capital de la comarca, Orihuela, quien intentó que el rechazo fuese "unánime" exigiendo la suspensión del proyecto como en Castellón, en los últimos días se están sumando otros municipios. Y mañana, lo hará la Cámara de Comercio oriolana que ha convocado un acto para presentar sus alegaciones.
El ámbito de actuación de este documento que pretende fijar el futuro económico y social de la comarca establece que ésta "comprende 27 municipios con una población de 355.924 habitantes y una superficie de 957 kilómetros cuadrados, lo que supone el 7,18% y el 4,12% respectivamente del total de la Comunidad Valenciana, contando con una densidad de población muy alta, superior a los 400 habitantes por kilómetro cuadrado, prácticamente el doble de la media global".
También, explica que ha tenido un "crecimiento demográfico y urbanístico espectacular en los últimos 30 años, el cual ha adolecido de una falta de visión supramunicipal y coordinada, muy necesaria en un espacio de elevada fragilidad ambiental como éste". De ahí la implementación del plan.
Y establece de forma previa a sus estudio que se trata de "un territorio que cuenta con activos territoriales muy importantes, tanto agrícolas, una de las mayores huertas mediterráneas de la Unión Europea, industriales en torno a la consolidación de un clúster agroalimentario, patrimoniales y culturales, turísticas y residenciales".
Pero con una "elevada dependencia de los recursos hídricos y situada en una llanura fluvial inundable que condiciona gran parte de los usos y actividades que se puedan implantar en el mismo".
Lo que ha llevado a diseñar un futuro económico basado en la agricultura y la protección del paisaje sin tener en cuenta las necesidades de suelo industrial, de conectividad y para el turismo residencial, en el cual es una potencia sobre todo en el litoral.
La postura del PP en la comarca, que gobierna en 11 municipios es unánime. El partido ha exigido la paralización "por constreñir el crecimiento de la comarca", aseguró la coordinadora comarcal del PP en la Vega Baja, María Gómez.
"Es la herramienta perfecta para seguir tratando este territorio y a sus ciudadanos como ciudadanos de segunda, puesto que vendrá a generar pobreza, falta de oportunidades y un éxodo a la vecina región de Murcia", indicó Gómez. Para los populares olvida las infraestructuras de conexión con el Hospital o el ZAL de San Isidro, las obras del Plan Vega Renhace y condena a la comarca a utilizar agua desalada de Torrevieja
Orihuela
El abogado urbanista Federico Ros, ya denunció hace una semana que como planeamiento supramunicipal, se superpondrá y se impondrá a los planeamientos de cada localidad. "Sin informes sectoriales ni memorias económicas que en planeamientos menores llevan tramitaciones de décadas".
De hecho, el alcalde oriolano, Emilio Bascuñana (PP), cifró en más de 2.000 millones de euros las pérdidas futuras para la zona si se lleva a cabo "bajo unos particulares criterios medioambientales, paisajistas y agrarios, dejando para otras comarcas el peso en industria y servicios".
Callosa
El alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez (PP), también expresó hace unos días que "este plan no es beneficioso para nuestra ciudad, por lo que vamos a demandar y exigir a la Generalitat Valenciana que deje sin efecto todo lo que concierne al Plan General de Ordenación Urbana de Callosa de Segura”.
Martínez señaló que "este PAT se escora mucho hacia el paisajismo y la sostenibilidad, algo que hay que se proteger sin duda, pero tenemos que dejar trabajar y vivir a los sectores productivos de la Vega Baja. Además, las restricciones en nuestra zona creemos que son mucho mayores que en otras comarcas como las del Baix Vinalopó por lo que la Generalitat puede crear graves precedentes creando ciudadanos de primera y de segunda categoría".
Desde Callosa, concluyeron, "las actuaciones propuestas provocan el empobrecimiento de la comarca, y por tanto, un empeoramiento de la calidad de vida para los vecinos del territorio".
Benejúzar
El Ayuntamiento de Benejúzar, gobernado por Rosa María García (Cs) en coalición con el PSOE, también ha presentado alegaciones PAT en un documento "que ha contado con unanimidad de todas las formaciones políticas que componen el Consistorio y que hace hincapié en que actualmente está en tramitación el PGOU del municipio".
"Este planeamiento lleva en trámites desde el año 2007 y está en su fase final, después de pasar por todos los trámites administrativos. Lo que se pide precisamente en las alegaciones es que PAT y Plan General no entren en contradicción", se aseguró desde el ayuntamiento.
Exigen que sean revisadas las delimitaciones de los corredores ambientales o fluviales en el entorno del casco urbano; la creación de un centro logístico destinado al sector agroalimentario.
Redován
En el caso de Redován, se anulan dos planes urbanísticos de más de 230.000 metros cuadrados, que desde el consistorio ya se han valorado como una pérdida de más de 195 millones de euros en inversiones para el municipio.
Además, como en el resto de municipios se quejan de que no aparezcan establecidas las infraestructuras básicas que necesita la comarca, tanto hídricas como de movilidad.