Los cañones sónicos antigranizo de la Comunidad Valenciana, en el punto de mira

Los cañones sónicos que utilizan los agricultores de la Comunidad Valenciana podrían tener los días contados... si se atiende a la legislación. Utilizados en el campo desde hace décadas, sobre todo en Valencia y Castellón, para evitar que las tormentas de granizo echen por tierra las cosechas, su práctica siempre ha estado envuelta en polémica porque, por un lado, expertos meteorológicos han negado que puedan llegar a alterar el clima y, por otro, por los incidentes y molestias que causan al explosionar.  

A preguntas de Compromís, el Gobierno central admitió la semana pasada que estos artefactos no cuentan con las oportunas autorizaciones del ministerio de Transición Ecológica. Es por ello por lo que el senador valencianista, Carles Mulet, pedirá esta semana la comparecencia de las autoridades en materia de Agua por la que llama "proliferación incontrolada de cañones sónicos", ante lo que considera “un incumplimiento flagrante de la normativa en materia de aguas”.

Todo ha partido de las quejas recibidas por la presencia de instalaciones para deshacer tormentas a cañonazos en el norte de Castellón y sur Tarragona, así como en otras zonas citrícolas de la Ribera (Valencia). A este respecto, la coalición reclamó conocer si estos cañones sónicos contaban con el visto bueno de la administración española, confederaciones (o el propio organismo del Seprona) en estas comarcas y, avanza, ampliará la petición de documentación a otras administraciones implicadas.

La respuesta del Gobierno

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha recibido una respuesta del Gobierno en la que se le informa que “consultados los archivos obrantes en la Confederación Hidrográfica del Júcar correspondientes a los últimos 20 años, periodo de vigencia del actual Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, no consta el otorgamiento de autorización alguna de modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, ni consta la realización de ninguna campaña de esta índole”.

El senador ha señalado que “estas prácticas nos parecen muy peligrosas y vemos inconcebible que, ante el revuelo generado no se estén ya desmantelando las instalaciones y sancionando a sus propietarios". A su juicio, esto se debe a que el Gobierno de Pedro Sánchez es "tan vago en sus respuestas y tan poco efectivo" que no actúa ante unas prácticas que pueden generar "efectos indeseados en la dinámica de las tormentas y granizos".

En los últimos meses, en los que han estado funcionando estos cañones, se han producido en la zona norte del país fuertes granizadas como la vivida en Benicarló y fuertes inundaciones en Vinaròs y Alcanar, recuerda Compromís. "¿Podemos garantizar que estos cañonazos de ondas de choque en la estratosfera son inocuos? Entonces ¿para qué se autorizan y de qué garantías o estudios vienen apoyadas?”, se ha preguntado.

El Gobierno en su respuesta recuerda que “para poder realizar tales modificaciones es preciso obtener una autorización del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a propuesta del organismo de cuenca correspondiente, y previa constatación de su compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y previos los asesoramientos oportunos; en especial, tras la emisión de los informes preceptivos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y, en su caso, de la Administración Sanitaria competente, cuando se pretenda el uso de productos o formas de energía con propiedades potencialmente adversas para la salud”. 

Asimismo, y “dado que se trata de una posibilidad legalmente establecida, por así haberlo dispuesto el poder legislativo del Estado, a día de hoy vigente y de plena aplicación, esta dependerá del caso concreto y de lo que indiquen los informes técnicos y sectoriales que se emitan”.

Para el senador “si la Ley de Aguas prohíbe realizar modificaciones de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, ¿por qué no está ya actuando el Seprona?”. Lo cierto es que los agricultores y ganaderos se ven a menudo muy afectados económicamente por las sequías o fuertes precipitaciones. “Con objetivos económicos, para evitar desastres o para alterar el clima, proliferan prácticas que muy a menudo no están respaldadas por permisos de la administración y organismos de cuenca, por lo que podría causar perjuicios a terceras personas y la colectividad”, ha agregado el senador.