Desahucios exprés. Esta es la solución que ofrecía una empresa de seguridad para resolver irregularmente la ocupación ilegal de viviendas. Al hacerlo presuntamente de forma irregular la Guardia Civil de Alicante ha colaborado a su desarticulación dentro de la Operación Savita.
Las investigaciones han llevado a la detención de dos personas y el seguimiento de otras tres bajo el cargo de cometer desalojos irregulares en viviendas. El trabajo se ha llevado a cabo en Alicante y Valencia además de Santa Cruz de Tenerife.
Una vivienda en la Vila Joiosa fue en la que se inició esta operación. En agosto de 2021 les avisaron de que en una vivienda de la localidad se había instalado una puerta antiokupa a una persona que tenía un contrato de renta antigua. Los agentes supieron que entre la inquilina y el propietario de la vivienda existía un conflicto motivado por la vigencia de dicho contrato.
La mujer que residía hasta ese momento en la casa, de manera legítima, se encontró con este tipo de puertas que había instalado una empresa de seguridad especializada en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente. El propietario del inmueble explicó que había contratado a una empresa mediadora en desalojos, pero que al llegar al domicilio encontró a una persona que no era su inquilina. Esta mujer justificó su presencia asegurando que la moradora presuntamente le había vendido las llaves de la vivienda diciéndole que era propiedad del banco.
Ocupación y desalojos
El cómo se produce el desalojo seguido de otra ocupación es la materia que están intentando resolver desde la Guardia Civil. En el caso de la Vila Joiosa, el propietario firmó un contrato privado en el que la presunta okupa accedía de manera voluntaria al abandono del inmueble.
De las investigaciones llevadas a cabo se observaron similitudes entre este hecho ocurrido en la Vila Joiosa y otro de Orotava (Santa Cruz de Tenerife), ocurrido en junio de 2021. En esta ocasión, entre la propietaria de la vivienda y la presunta okupa, que era la misma que en el inmueble de la localidad alicantina, también existía un documento privado que acordaba el abandono voluntario y exprés del inmueble.
Lo que hizo saltar las alarmas de la Guardia Civil es que el formato del documento firmado entre particulares coincidía con el de la Vila Joiosa y el nombre de la supuesta okupa aparecía editado a ordenador. Aquello llamó la atención del equipo encargado de investigarlo teniendo en cuenta que probablemente se desconocía la identidad de la persona que había ocupado el inmueble.
Idéntica situación se produjo en una vivienda de Sagunto, en el que el allanamiento fue realizado por la misma mujer que formaba parte de las anteriores actuaciones objeto de la investigación.
Las pesquisas policiales concluyeron que en los tres casos el modo de proceder era coincidente. En el desalojo de las tres viviendas se simulaba una falsa ocupación, valiéndose de la misma persona que a su vez, fingía un engaño por parte de los moradores, quienes presuntamente le vendían las llaves de la vivienda.
Con la connivencia de los propietarios, la empresa mediadora realizaba vigilancias de los inmuebles con el objeto de aprovechar la ausencia de los inquilinos. Al no encontrarse estos en la vivienda, la empresa accedía al interior y procedía a la falsa ocupación y posterior desalojo, dejando constancia de lo sucedido mediante la firma de un supuesto acuerdo entre particulares.
Dos detenidos y tres investigados
La Operación Savita se ha saldado con la detención de dos personas y la investigación de otras tres. El 21 de febrero en Arroyomolinos se procedió a la detención de la mujer de 30 años y nacionalidad española que presuntamente ocupaba las viviendas. A la misma se le acusan los delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones, denuncia falsa y contra la inviolabilidad del domicilio.
El mismo día, se procedió a la investigación de la propietaria de la vivienda de Tenerife, una mujer española de 37 años a la que se le atribuye un delito contra la inviolabilidad del domicilio y otro de coacciones.
Y en este proceso no ha salido libre el propietario de la vivienda de la Vila Joiosa con que se inició esta investigación. En este caso se le acusa al hombre de nacionalidad española y 69 años de edad de un delito de denuncia falsa, contra la inviolabilidad del domicilio y coacciones.
El 22 de febrero, en la localidad de Arroyomolinos, se procedió a investigar a un trabajador de la empresa especializada en desalojos, un varón español de 37 años al que se le encausa el delito de pertenencia a grupo criminal, coacciones y contra la inviolabilidad del domicilio.
Finalmente, el 23 de febrero, se procedió a la detención en Barcelona del dueño de la empresa investigada. Este era un hombre español de 36 años, al que se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones y allanamiento de morada.
Ambas personas detenidas fueron puestas en libertad tras la toma de declaración en sede policial. Asimismo, las diligencias por los hechos investigados fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de la Vila Joiosa.