El 86 por ciento de las personas migrantes en la Comunidad Valenciana tiene dificultades para acceder a una vivienda digna, principalmente por el precio del alquiler y por problemas burocráticos para la tramitación de su empadronamiento.

Así se desprende de un estudio participativo elaborado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana (OHSU) en colaboración con València Acull y la Comisión Técnica de Migración y Vivienda, que analiza la exclusión residencial de colectivos vulnerables como la población migrante y racializada en la Comunitat.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha asistido este miércoles a la presentación del estudio-diagnóstico, donde ha defendido que el derecho a la vivienda como "la puerta de entrada de toda una serie de derechos", informa la Generalitat.

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El estudio revela que el 86 % de los encuestados considera que es muy difícil el acceso a una vivienda, especialmente las personas de origen africano y americano.

Además esta población, ha indicado Illueca, "tiene más problemas para fijar una residencia porque se encuentran con dificultades con el empadronamiento, que a menudo les pide documentación que no pueden aportar, entrando en un círculo burocrático con pocas salidas".

La no regulación del mercado privado de la vivienda está asimismo permitiendo un incremento de la demanda, lo que aumenta el precio del alquiler unido al incremento de los intereses al 2 %, y ante ello "esta población acaba en manos de mafias", advierte el estudio.

El conseller de Vivienda defiende que "necesitamos políticas de vivienda que sean transversales y eficaces" y que "tengan un conocimiento amplio de las realidades en las cuales quieren incidir".

El estudio, ha añadido, permitirá conocer con más profundidad la situación real de las personas migrantes y actuar a través de propuestas y recomendaciones para mejorar las políticas públicas.

Entre las acciones, propone mejorar la accesibilidad en la gestión y los trámites; tratar con una perspectiva inclusiva y interseccional los grupos de personas en situación de vulnerabilidad; continuar ampliando el parque público de vivienda o luchar contra la brecha digital, que dificulta, por ejemplo, que les lleguen las ayudas al alquiler.

La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, ha precisado que "aún nos queda mucho por trabajar para poder atender como se debe a esta población con inseguridad jurídica y desconocimiento de la lengua".

A ello hay que sumar, señala Peris, que "la mayoría padecen abusos porque les hacinan en habitaciones, ya que desconocen si les hacen arrendamientos correctos o no y no se atreven a denunciar".