La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha pedido paralizar la tramitación del proyecto de ley de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal, que el Consell podría aprobar en el pleno del próximo 22 de febrero, por considerar que entra en contradicción con la ley estatal.
Desde el pasado mes de septiembre, la Federación de Caza se propuso modificar la redacción inicial del proyecto de ley, en atención a los informes técnicos-jurídicos aportados por la entidad.
Según la presidenta de la Federación, Lorena Martínez, “nuestros informes preliminares apuntan a que la norma entrará en contradicción con diversos aspectos de la ley estatal, por lo que auguramos que el texto definitivo deberá ser necesariamente revisado en aras de la coherencia jerárquica normativa, y modificado tras su aprobación. En estas circunstancias, la lógica y la sensatez jurídica recomendarían la interrupción del procedimiento parlamentario”.
La presidenta ha recordado que “reconducir la Ley en defensa del cazador valenciano ha sido un trabajo arduo. Durante todo el procedimiento, la prioridad de la Federación ha sido garantizar un texto que permita continuar ejerciendo nuestra actividad con total normalidad”.
Respecto a las declaraciones de determinados colectivos contrarios a la caza, que divulgan la presunta indefensión de los perros de caza en el ámbito de la Ley, la presidenta ha insistido en que “la aprobación de la ley no significa ni mucho menos que los perros queden desprotegidos, los propios cazadores somos los primeros interesados en el bienestar de nuestros compañeros”.
El proyecto de ley todavía podría sufrir alguna modificación hasta su aprobación en el pleno del Consell y desde la Federación reclaman que finalmente se tenga "una ley compatible con nuestra actividad, tan necesaria e irremplazable en la sociedad actual, de lo contrario, los cazadores valencianos tomarán las calles para defender la actividad".
Según la Federación, las últimas enmiendas presentadas en el mes de septiembre por el Botànic, suponían una inseguridad jurídica manifiesta, que habría imposibilitado la práctica de la caza y del resto de actividades con animales en la Comunidad Valenciana, por lo que los esfuerzos de la Federación se centraron en primera instancia en reconducir dicha redacción, en atención a los informes técnicos-jurídicos aportados.
Con todo, Martínez advierte sobre la debilidad jurídica de la norma: “nuestros informes preliminares apuntan a que la norma entrará en contradicción con diversos aspectos de la ley estatal, por lo que auguramos que el texto definitivo deberá ser necesariamente revisado en aras de la coherencia jerárquica normativa, y modificado tras su aprobación. En estas circunstancias, la lógica y la sensatez jurídica recomendarían la interrupción del procedimiento parlamentario”.