El demoledor primer informe sobre los menores en situaciones de riesgo en la Comunidad Valenciana alerta de la falta de "protocolo de actuación común". Así lo recoge el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en un texto en el que también reconoce que los servicios sociales autonómicos desconocen el total de niños y adolescentes en esta situación.
Este es el resultado de la primera investigación realizada por esta institución y que se ha hecho pública este lunes para diagnosticar la realidad social y administrativa sobre las situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia en la Comunidad Valenciana. Con ella han estudiado cómo lo abordan los servicios sociales, tanto a nivel autonómico como desde las entidades locales.
Entre las conclusiones de esta queja de oficio, que se abrió en junio de 2022, cabe destacar que no existe un protocolo de actuación común ni consenso o coordinación técnica sobre cómo proceder en cada paso de la intervención de menores en riesgo, explican a través de un comunicado. Por ello, señalan que el trabajo de los servicios sociales municipales es poco homogéneo y existe variedad de formas de definir y abordar la declaración de situación de riesgo.
Según el defensor del pueblo valenciano, la conselleria competente en materia de infancia y adolescencia tiene la obligación legal de poner a disposición de las entidades locales un protocolo para la detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo con el fin de garantizar la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora de menores en todo el territorio. Y así lo recomienda en su resolución.
En la Comunidad Valenciana, la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a los ayuntamientos. Sin embargo, la Conselleria debería disponer de datos que permitan el diseño de políticas integrales de prevención y atención a situaciones de riesgo.
El informe remitido por la antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas señala que solo cuenta con los datos aportados desde los Equipos Específicos de Atención a la Intervención con Infancia y Adolescencia, pero no con los de los equipos de atención básica municipales. Así pues, también desconoce el grado de eficacia de dichas intervenciones y si hay necesidades que no están cubiertas en las entidades locales y que impiden mejorar su eficacia.
El Síndico considera que la Conselleria no puede eludir la responsabilidad de obtener los datos necesarios para avanzar en el diseño unificado de acciones para prevenir y atender a los niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en situación de riesgo. Así, argumenta que la competencia en esta intervención corresponde a las entidades locales.
Por ello, el sindico recomienda que asuma la responsabilidad de obtener también los datos de las intervenciones de los servicios sociales municipales.
De acuerdo con las cifras aportadas por la entonces Conselleria de Igualdad, el número de total de menores atendidos por este equipo de atención en la Comunidad Valenciana (2021) asciende a 12.885 (6.607 son varones y 6.278 mujeres). Por provincias, 1.916 en Castellón; 3.550 en Alicante y 7.419 en Valencia.
De los 12.885 menores valorados en situación de riesgo y derivados a los EEIIA, 616 personas menores de edad habían sido declarados en situación de riesgo, de las cuales 328 son varones y 288 mujeres. Por provincias, 86 en Castellón; 134 en Alicante; y 396 en València.
El Síndico también pide a la Conselleria que implante programas de formación, de manera que se asegure el acceso de los profesionales de los distintos ámbitos (servicios sociales municipales y autonómicos, sanidad, educación, etc.) y se desarrolle la formación especializada. Además, demanda que se reduzca la interinidad y la movilidad en las plantillas de los Equipos de Atención Primaria Básica municipal.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sí indica en su informe que los principales motivos de intervención en estos equipos en 2021 fueron los siguientes: negligencia, 3.673 casos; separación/divorcio, 3.609; salud mental/adicciones, 3.076; maltrato emocional, 1.938 casos; violencia de género, 1.518.
En esta investigación ha participado el departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante; 109 Ayuntamientos y 11 Mancomunidades que representan a otros 87 consistorios contestando cuestionarios. Además, también respondieron a los informes solicitados por esta institución las consellerias de Educación, Cultura y Deporte, Igualdad y Políticas Inclusivas y Sanidad Pública y Salud Universal.