Podemos y Compromís, socios del PSOE en el Gobierno 'Botánico' de la Comunidad Valenciana, no están de acuerdo con la recentralización de los servicios de urgencias sanitarias (CICU) en la provincia de Valencia, como pretende la consellera socialista Ana Barceló.
Así lo dejaron ver en la reunión de la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas en relación con la propuesta del PP de paralizar el decreto de centralización. Eso sí, por no darle la razón a la oposición, trataron de maquillar su postura del único modo que saben, arremetiendo contra el pasado popular.
Lo mismo da. Incluso Compromís ha registrado como moción en la Diputación de Castellón la misma exigencia de suspensión del decreto que pretende dejar en la calle a 15 trabajadores en la provincia de Castellón y 19 en la de Alicante.
Si el PP pedía en las Cortes a través de su diputado José Juan Zaplana paralizar el decreto y mantener los servicios descentralizados del CICU en Alicante y Castellón, los nacionalistas no se habían quedado atrás. La moción nacionalista firmada por Ignasi García habla de "instar en el gobierno de la Generalitat a mantener el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la provincia de Castellón y apoyar a las demandas de las trabajadoras y trabajadores del Centro".
Otro fracaso de Barceló
Se trata de una nueva desautorización en toda regla a la consellera Ana Barceló que la semana pasada vio como su decreto para crear una empresa pública sanitaria saltaba por los aires con dos palabras de la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra.
La diputada socialista Carmen Martínez, ante el cariz que estaba tomando la situación de la coincidencia de sus socios (Pilar Lima y Mónica Álvaro, respectivamente), con el análisis del PP, aunque tratasen de dar a entender estar en las antípodas, apeló la tecnología y la inteligencia artificial de geolocalización paraargumentar a favor de la centralización del servicio en Valencia.
"Si lo mismo da dónde esté por esos avances tecnológicos que van a implantar, ¿por qué no lo centralizan en Castellón y no siempre todo en Valencia?", preguntó el diputado popular alicantino. Martínez no supo qué responder. Habló de los derechos laborales de los trabajadores, algo que contradice la postura de los sindicatos.
El Sindicato Médico CESM-CV considera que la entrada en vigor de este proyecto
repercutirá negativamente en la atención sanitaria urgente y emergente de la Comunidad Valenciana. UGT argumenta "la no mejora de la atención al ciudadano y la pérdida de puestos de trabajo". CCOO "apoya el modelo actual para mantener la calidad del Servicio de Emergencias Sanitarias, evitar que se dilaten los tiempos de respuesta y ofrecer la mejor atención médica de urgencia".