El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia con la "doctrina Ribera Salud" exigiendo a las Administraciones públicas que justifiquen de manera exhaustiva la reversión de concesiones público-privadas.
La sentencia del Supremo que hemos conocido la semana pasada es interpretable porque no ha echado para atrás la reversión de Alzira pero dificulta la de Torrevieja.
No es que estemos satisfechos nosotros, es que es una satisfacción para toda la ciudadanía, para todos los españoles. No se trata de quién gana. Esto es bueno para los ciudadanos porque genera jurisprudencia y anulando la sentencia del TSJ que decía que no hacía falta ningún informe económico para activar la reversión de un servicio concesional. Esta “doctrina Ribera” ha generado la jurisprudencia para que en todos los sectores, no sólo en el sanitario, se cree un antes y un después.
¿A qué obliga esa doctrina judicial a las administraciones a partir de ahora?
Ahora los ciudadanos estamos protegidos porque obliga a todas las Administraciones públicas a justificar las repercusiones, efectos financieros y presupuestarios derivados de la decisión de revertir una concesión. Esto impide que las decisiones administrativas se basen en criterios arbitrarios e ideológicos cuyos efectos económicos negativos los paguen los ciudadanos. Genera jurisprudencia donde no existía y eso va a tener un impacto en todos los sectores.
Pero el Supremo no pide que se retrotraiga la reversión de Alzira por estar mal hecha, sin esos informes.
En el caso de Alzira lo que hace es anular la sentencia anterior del TSJ que decía que no hace falta ningún informe económico. Es verdad que el Supremo no anula la reversión porque sí que había algunos informes dentro del proceso administrativo para la reversión. Pero hay dos ponentes con un voto particular en contra que han manifestado que esos informes no eran consistentes como para justificar el proceso porque deberían tener una rigurosidad extrema a la hora de tomar este tipo de decisiones. Ahora hay que considerar la verdadera realidad de Alzira, que es cómo están en ese departamento de salud.
En Alzira se ha acrecentado la lista de espera y se ha producido un sobrecoste de 76 millones de euros más al año. Por tres años, son casi 230 millones de euros que nos hemos gastado de más todos los valencianos
¿Tienen datos de cómo está hoy el hospital de Alzira?
La realidad es que se ha acrecentado la lista de espera, por lo que los servicios a los ciudadanos son peores. Y además hay un sobrecoste de 76 millones de euros más al año, que si los multiplicamos por tres años sin concesión, son casi 230 millones de euros que nos hemos gastado de más todos los valencianos y que se podrían haber invertido en temas sanitarios. Máxime, en esta pandemia.
¿Se ha mejorado la situación de los trabajadores?
Las pruebas están ahí. Existe una conflictividad laboral permanente. Los trabajadores han estado manifestándose cada semana ante Conselleria o ante el Palau. Yo soy médico y a mí me llaman los pacientes y compañeros. Para decirme que les dan cita para un año, unos; y porque les están ninguneando, otros. Nadie está contento. Ese es el resumen de Alzira.
¿Y como afecta la sentencia a la futura reversión de Torrevieja?
Esta nueva doctrina afecta de pleno a la reversión de Torrevieja porque lo que está claro es que al anularse la sentencia del TSJ ha dejado sin amparo legal el modelo que quería aplicar la Conselleria. Desde el 14 de octubre del año pasado que empezaron el proceso de reversión no han aportado ningún informe que lo justifique tal y como lo marca la sentencia del supremo. Ahora no hay amparo legal para seguir con esto. Hasta la fecha, el único informe oficial que existe en Torrevieja es de la Sindicatura de Cuentas, de acceso público. Y si recordamos, fue solicitado al auditor a petición del Gobierno del Botánico porque querían evaluar las concesiones. Fue una elaboración muy técnica hecha por profesionales. Les llevó un año hacerlo y presentaron el borrador tanto a la empresa concesionaria como a la Conselleria para que presentáramos alegaciones. Y luego se emitió el informe público.
El modelo actual de gestión de Torrevieja era un 30% más eficiente para administración pública y supone que todos los ciudadanos valencianos nos ahorramos 45 millones de euros al año
¿Cuál fue el resultado de aquel informe?
Dictaminó que el modelo actual de gestión de Torrevieja era un 30% más eficiente para administración pública y supone que todos los ciudadanos valencianos nos ahorramos 45 millones de euros al año. Sin ese modelo de gestión, la primera consecuencia es que la gestión directa nos sale más cara. Pero es que además de ahorrarnos esos 45 millones para invertirlos en otras cosas, los resultados y la satisfacción de los pacientes era mucho mayor que la del resto de departamentos con los que se comparaba. Pero es que además destacaba que hacía falta un mayor control por parte de la administración pública a través de las comisiones mixtas. Nosotros hemos pedido reiteradamente que se hagan comisiones mixtas. Y no se ha hecho ninguna.
Bueno, han puesto a un concejal de fiestas de otra comarca como comisionado.
Sí, pero no tengo nada contra el comisionado. Sí que es verdad que hemos estado tres meses sin comisionado en un momento de pandemia y de máxima tensión, cuando los profesionales necesitaban sentirse respaldados.
En los debates en las Cortes Valencianas la consellera ha manifestado que se va a revertir por dos cuestiones: porque todos los ciudadanos deben tener los mismos servicios, independientemente de la calidad; y por los trabajadores.
Yo, como médico, creo que todos los ciudadanos, los pacientes, y mi familia y mis amigos, creo que se merecen la mejor sanidad del mundo. Independientemente del modelo de gestión que tengamos. La ley General de la Sanidad y la Constitución reconocen que tenemos derecho a la salud pero no nos dice cómo la tenemos que gestionar. Y como yo soy responsable de mi organización, tengo que preocuparme y garantizar que todos los ciudadanos tengan los mejores servicios y la mejor accesibilidad a la Sanidad y debo utilizar todos los medios disponibles a mi alcance, tanto públicos como privados.
A nadie en Alzira antes o en Torrevieja ahora se les niega o ha negado la atención pública porque la gestión del hospital sea privada, ¿no?
Por supuesto. Somos hospitales y departamento de salud públicos y nadie tiene que pagar nada. Sólo tienen que llevar su tarjeta SIP y tienen todas las garantías. Lo que pasa es que la gestión es distinta y si conseguimos que las listas de espera sean mejores, que damos otra forma de atención más tecnológica o con más innovación… Esto se lo hemos ofrecido también al resto de departamentos públicos porque nosotros trabajamos con todos los gerentes, en red y durante la pandemia nos hemos puesto a disposición de la consellera. Somos un hospital y un departamento más de la red sanitaria pública. Si alguien puede hacerlo mejor, que lo haga mejor. Nosotros ayudamos a mejorar los niveles de salud de los ciudadanos valencianos. Es nuestra obligación.
Tenemos una política retributiva con un salario fijo y una parte variable donde se prima mucho la calidad de cada profesional al atender a los pacientes y sus familias
También incidía la consellera en las mejores condiciones de los trabajadores de la sanidad pública, que trabajan menos horas.
Cada contrato laboral tiene unos requerimientos de horas de trabajo y veces se computan de una forma o de otra. Nosotros lo que hacemos es establecer políticas de atracción y retención del talento, de carrera profesional, un régimen distributivo distinto al de la administración pública. Por eso tenemos profesionales encantados de trabajar con nosotros, tenemos reconocimientos internacionales en este sentido. Fuimos pioneros en la Comunidad Valenciana en implantar planes de igualdad y políticas de conciliación y además tenemos una política retributiva con un salario fijo y una parte variable donde se prima mucho la calidad de cada profesional al atender a los pacientes y sus familias.
¿Y durante la pandemia?
Esa fue una de nuestras máximas, la protección de nuestros profesionales porque eran ellos los que tenían que proteger a los pacientes. Ellos estaban en primera línea. Y conseguimos tener los índices de contagio inferiores en toda España. Y no sólo físicamente, sino también emocionalmente. Nosotros tenemos una política de Recursos Humanos basada en el siglo XXI, en la modernidad, tanto para los pacientes y familiares. Debemos fijarnos en esos términos, no en términos de hace 50 años.
La Conselleria se queja de que Ribera no está aportando la información que le requiere en este proceso transitorio.
Desde siempre hemos pasado información de forma periódica. La que la Conselleria nos ha requerido. Semanalmente se pasan listados de actividad. La Conselleria tiene todos los datos de información de los pacientes y profesionales. Eso sí, tenemos que atender a la ley de Protección de Datos. Yo he tenido varias reuniones con la consellera y la secretaria autonómica y hemos establecido reuniones de trabajo por las distintas áreas: Recursos Humanos, Sistemas, Servicios Generales. Hay actas que justifican esas reuniones.
Para nosotros la salud de los ciudadanos no puede venir marcada ni por un pacto político ni por razones ideológicas. Lo que nos jugamos es muy serio.
¿Qué pasará si la Conselleria redacta en estos tres meses un informe económico que consideren que no es lo suficientemente exhaustivo según la sentencia del Supremo?
Para nosotros la salud de los ciudadanos no puede venir marcada ni por un pacto político ni por razones ideológicas. Lo que nos jugamos es muy serio. Estamos en plena pandemia. Por lo tanto, hay tiempo para tomar las mejores decisiones y que estén basadas en la ley. El contrato incluye hasta una prórroga de cinco años. Hay que hacer las cosas bien, con sentido común, con serenidad y pensando siempre en los ciudadanos. Hemos vuelto a pedir una cita con el presidente Puig. Tenemos que hablar de Torrevieja y colaborar todos juntos en beneficio del ciudadano. Estamos en una quinta ola, hay una gran incertidumbre y esto va a continuar. Por eso pido que afrontemos las cosas de forma serena y desde el punto de vista de la legalidad. Y pensando siempre en la salud de las personas.
¿Pero lo recurrirían?
Apostamos por el diálogo y como hay jurisprudencia pensamos que se va a seguir la ley, no hay otra manera. Hay un informe hecho, el de la Sindicatura de Cuentas, riguroso, a petición de este Gobierno. Confío en que si hay un informe económico de la reversión de Torrevieja como exige el TS, que sea tan riguroso como el que tardó un año en hacer el Síndic.