El próximo lunes 1 de noviembre se cumplen tres años desde que se extinguió el contrato con la UTE Erescanner Salud (Eresa) suscrito en 2008 por el que se externalizó la mayor parte de las resonancias magnéticas en la sanidad pública valenciana. En todo este tiempo, la Conselleria que dirige la socialista Ana Barceló -y su antecesora, Carmen Montón-, han sido incapaces de sacar adelante un nuevo contrato. Ahora quiere hacerlo mediante decreto.

En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana se publicó ayer la exposición pública del proyecto de decreto del Consell "por el que se regulan los efectos de la extinción del contrato de gestión de servicios públicos por concierto para la realización de técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia magnética, en materia de personal".

Se abre así un periodo de información pública durante un plazo de 7 días. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario aseguran que los jefes de servicio de esta especialidad no saben nada sobre las intenciones del Consell, tres años después de quedar en el limbo de la indefinición.

Montón ya dejó preparado en 2018 una adjudicación por lotes de este servicio con un montante de 27,3 millones de euros que no llegó a formalizarse. Las mercantiles Imed, Alliance Diagnósticos y Eresa fueron las que ganaron aquel concurso. Con el cambio de consellera aquella adjudicación quedó en el aire.

Empresa Pública

Como ya informó este diario, la intención de Barceló era la de unir este servicio y la farmacia hospitalaria a las reversiones públicas de hospitales, sobre todo a cuenta de la última que se ha realizado en el Hospital Universitario de Torrevieja. Para ello pretendía crear una empresa pública que le permitiese gestionar el presupuesto y el personal sin que éstos pasasen a una condición de funcionarios.

La reversión de este servicio a la Sanidad Pública podía hacerse gracias a la donación de equipos con un coste millonario por parte del empresario gallego Amancio Ortega y por los equipos que la Conselleria iba a quedarse según el antiguo concurso con la anterior adjudicataria, a modo de subrogación tras finalización del contrato.

Compromís y Podemos impidieron la creación de aquella empresa y obligaron al PSOE a que la reversión de Torrevieja se hiciese bajo el modelo usado en la pasada legislatura en Alzira, mediante la figura del "personal laboral a extinguir". Así que en principio, los trabajadores de Eresa se quedarán en esa rara modalidad contractual.

El ahorro

En la memoria económica de la creación de aquella empresa se estimaba un coste de 4,4 millones de euros para la contratación de 117 personas entre médicos facultativos especialistas en Radiodiagnóstico, técnicos especialistas, enfermeras, auxiliares de enfermería y administrativos.

Aparte, el mantenimiento de los 20 equipos con los que iba a contar la Sanidad Pública iba a costar 1,7 millones de euros anuales. Pero se precisaba otro gasto de 10,5 millones en la actualización de muchos de ellos.

Con todo esto, más el material requerido, la factura anual de la reversión del servicio de resonancias a manos públicas ascendía a 19,9 millones de euros. Sin embargo, a la empresa que lo gestiona fuera de contrato se le pagó en el año 2020 un total de 49 millones de euros por el servicio, si bien en años anteriores sin pandemia, se le pagó mucho menos.

El estudio económico cifra en 21.109.851 euros concretamente el ahorro calculado de la reversión, que multiplicado en tres años que el contrato lleva vencido suponen más de 63 millones de euros.