La ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), abrió hace meses  una nueva pugna con sus compañeros de Gobierno importando a España el modelo venezolano de Ley de Violencia contra la Mujer. Su traspaso a la legislación autonómica por parte de los partidos que conforman el Gobierno Botánico de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) en la Ley Integral contra la Violencia sobre las Mujeres en las Cortes Valencianas está provocando el estupor entre las profesionales sanitarias.

Ya se están produciendo dimisiones sonadas, pero se espera que se produzcan en el resto de hospitales de la Comunidad. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito de dimisión de Ana Monzó, miembro de la Comisión Contra la Violencia de Género del Departamento de Salud Valencia La Fe. También, la de Reyes Balanzá, jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecologia del Departamento de Salud Valencia-Dr. Peset en la comisión análoga.

Monzó escribió hace unos meses un artículo de opinión en EL ESPAÑOL de Alicante en el que explicaba claramente su "perplejidad y estupefacción" respecto al mismo concepto de violencia obstétrica.

El problema se ha producido después de que el tripartito haya registrado el pasado 17 de noviembre una modificación de la ley con la firma de sus tres representantes recogiendo el concepto de "violencia obstétrica" en la normativa de la violencia contra la mujer aprobada en 2012.

Pero es que además Compromís (que lleva meses coqueteando con la posibilidad de una nueva alianza con Podemos) ha elevado una propuesta al legislativo valenciano una PNL "de especial urgencia" para que las Cortes insten al Gobierno valenciano para que éste inste a su vez al Gobierno de España para que acelere la reforma de la Ley del Aborto en la que se recoge la violencia obstétrica como "un tipo de violencia ejercida contra las mujeres".

Los argumentos

En su escrito de dimisión, Monzó señala que "como mujer y como médica especialista en Obstetricia y Ginecología no puedo estar más en desacuerdo con esta medida, que tiene un fundamento irreal, es injusta, nos criminaliza como profesionales y va a tener consecuencias muy negativas en nuestra relación de respeto y confianza mutua con las mujeres (embarazadas o no) a las que atendemos. Pero, sobre todo, va a tener consecuencias sobre la salud de las gestantes y sus criaturas".

Por su parte, Balanzá asegura en su dimisón que "estoy totalmente en desacuerdo con el término 'violencia obstétrica' ya que supone la aceptación de que los profesionales sanitarios que trabajamos en el campo de la obstetricia realizamos de forma consciente y voluntaria un daño a la mujer".

Afirma además que "la consideración de incluirlo como violencia machista me parece una utilización política de nuestra profesión que no va a favorecer en absoluto la mutua relación de confianza con las mujeres".

Para concluir: "Como mujer y como especialista en Obstetricia y Ginecología considero un contrasentido seguir formando parte de ambas Comisiones mientras se quiere considerar de forma generalizada a los profesionales sanitarios que trabajamos por y para la mujer como maltratadores machistas y, por tanto, como delincuentes tal como propone esa modificación de la Ley".