El debate sobre la inclusión del concepto de "violencia obstétrica" como "violencia contra la mujer", continúa. En el entorno político y en el profesional. De hecho, desde la Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló confirmaron ayer que se han opuesto a esta propuesta defendiendo la labor que ejercen los profesionales sanitarios valencianos.

Una posición socialista que contrasta con la firma del portavoz de la formación en las Cortes Valencianas, Manuel Mata, en favor de introducir el término en la ley, como informó ayer este diario. Como ha informado este diario, al menos dos responsables de Igualdad en hospitales valencianos han dimitido por este hecho.

Ahora, los socialistas buscan el modo de conjugar los dos puntos de vista. El propio Mata aseguró ayer que hay buscar cómo adecuarla a otra normativa que no sea la de "violencia machista". "Estamos de acuerdo en que este tipo de violencia existe y en que hay que frenarla, pero hay unos protocolos en los hospitales y una gran tarea de matronas, ginecólogos y enfermeras para que no se produzca".

Para Compromís sin embargo, en palabras de si diputada Mónica Álvaro, "hay un compromiso claro". Los nacionalistas insisten en que no quieren "criminalizar a nadie en absoluto", pero que el problema debe ser legislado.

Podemos, desde donde ha surgido esta iniciativa son los más militantes en la inclusión legal: "Está reconocida por la OMS como violencia machista", aseguró Cristina Cabedo. De hecho confían en que su dirigente nacional y ministra, Irene Montero, la incluya a nivel nacional en la reforma de la ley del aborto en consenso con los profesionales.

Frente al Gobierno Botánico, PP y Cs se muestran alarmados ante la posibilidad de que se incluya en una ley genérica de Violencia contra la Mujer y recuerdan los argumentos ofrecidos por las Sociedades Obstátricas nacional y autonómica.

Los profesionales

El pasado mes de julio, la Organización Médica Colegial emitió un comunicado en el que afirmaba que la “violencia obstétrica” (entendida como aquella ejercida por un profesional a su paciente durante el proceso reproductivo) como una modalidad de violencia de género no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país".

Como sostienen PP y Cs, el mismo concepto "criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica".

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) también emitió ayer un comunicado en el que manifestó "su rechazo tanto al término de ‘violencia’ (dando a entender la existencia de actos violentos en la atención a las pacientes), como su tipificación en la categoría de delito penal que se le pretende dar".

"De igual forma", continuaban, "quiere manifestar su total apoyo a los facultativos que puedan ser afectados por la anunciada modificación de la Ley Integral contra la Violencia sobre las Mujeres,  del Gobierno Valenciano, y a sus reivindicaciones en contra de su aplicación, dadas las repercusiones que tendrá sobre la relación médico-paciente, sobre la asistencia a las mujeres y a sus recién nacidos, sobre la injusta criminalización de la profesión médica y sobre otras repercusiones legales derivadas de la asistencia".

Por su parte, la Sociedad Obstétrica y Ginecológica de la Comunidad Valenciana sostiene que "el término de 'violencia obstétrica' resulta claramente ofensivo para profesionales cuyo objetivo es ser cuidadores del embarazo y el parto".

Aseguran que su simple definición "ofende a médicos, matronas y personal que trabaja en el paritorio para conseguir que el parto resulte la experiencia única que todos deseamos. En nuestro trabajo hemos ido abandonando prácticas que en su momento parecían útiles y seguras, el proceso de mejora no acabará nunca y forma parte de nuestra Ciencia o nuestro Arte".

"Este trabajo es imposible en nuestro entorno, si no se fundamenta en tres pilares: información, respeto y confianzas mutuas. Tenemos que entender que el respeto hacia la mujer y su momento es el objetivo, pero no puede hacerse desde la falta de respeto por el trabajo de los profesionales y la falta de confianza mutua", añaden.

Y concluyen: "No se puede bajo ningún pretexto admitir el uso de terminología como violencia contra la mujer a la práctica de los cuidados de la mujer durante el embarazo y parto".