El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig pide disculpas a los profesionales de la Sanidad por la falta de equipamiento contra la Covid-19 después de que un juzgado de Alicante condene a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los médicos. Y, tras ello, anuncia que el Consell recurrirá la sentencia en defensa del "interés general".

Las disculpas de Puig han venido acompañadas de unos razonamientos en los que discute los hechos que considera probada la sentencia. Así, considera que la pandemia fue una situación "absolutamente sobrevenida" y difícil de prever ante la cual la Generalitat reaccionó "rápidamente", más que otras autonomías.

La sentencia, en cambio, establece que Sanidad infringió la obligación de tomar medidas "desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de Covid-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma" que estableció el real decreto del 14 de marzo de 2020.

El material conseguido entonces señala ahora que se logró a partir de intensas gestiones en algunos de los primeros aviones que llegaron a España en un escenario de "estrés del mercado" de ese tipo de artículos. La sentencia establece que el personal sanitario de los centros médicos de Alicante solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios mientras las que estaban disponibles estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro.

Recurrir

El jefe del Consell anuncia que, desde el respeto a las decisiones judiciales, la Generalitat no está de acuerdo con el fallo del juzgado de Alicante y, por lo tanto, recurrirá para que "prime el interés general". De hecho, recuerda que una denuncia con argumentos similares por la vía penal fue desestimada en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

En este caso, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante ya ha dado la razón al Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) y señala que la Conselleria de Sanidad tiene "la obligación", en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de "adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales".

En la sentencia se explica que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios. Especialmente para el personal facultativo, "por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado".

La base

La sentencia refleja la escasez de medios que se tuvo durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Así pone de ejemplo que "se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables" y no se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios. Eso mismo sucedió con el uso de las pantallas, añaden. Esa precariedad solo empezó a remediarse, según la sentencia, a partir del mes de junio de 2020 cuando empezaron a tener mayor abastecimiento.

El texto indica que los facultativos sanitarios "tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales", y por ello establece distintas indemnizaciones.

Así, establece 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados, de 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de Covid-19; de 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y de 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.