Dos juzgados de Alicante condenaron a mediados de este mes de enero a la Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló por la desprotección de los médicos durante la primera ola de la pandemia de Covid y por negarse a vacunar a los facultativos de la privada en primera línea. Un juzgado de Benidorm ha fallado en el mismo sentido con una tercera condena.
El Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm también ha dado la razón al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) y ha sentenciado condenar a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los médicos por la desprotección a la que fueron sometidos durante la primera oleada de la pandemia por Covid-19.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió disculpas públicas por este hecho pero la consellera, incluso en sede parlamentaria, ni hizo autocrítica ni pidió disculpas. Todo lo contrario, se excusó en el "desconocimiento" sobre la llegada de la pandemia y anunción que recurriría las condenas. Como ha informado EL ESPAÑOL, la Generalitat firmó una póliza de seguro en plena pandemia que excluía responsabilidad por el Covid.
Desde CESM manifiestan de nuevo su satisfacción por el reconocimiento de las responsabilidades de la Conselleria poniendo en peligro a los facultativos de éste departamento de salud, habiendo incumplido "sus obligaciones de proporcionar elementos de protección a sus trabajadores, del grave riesgo que ha supuesto esta actitud negligente para la salud, integridad y seguridad de los mismos".
El fallo condena a la Administración sanitaria a adoptar las medidas evaluación y
riesgo de los puestos de trabajo, así como a la adopción de medidas de protección y a
indemnización a los trabajadores por el daño y perjuicio causado a sus trabajadores
durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020.
El sindicato subraya que en el demoledor fallo de la sentencia el juzgado de lo Social número 1 de Benidorm declara que la Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana
Valenciana infringió "dicha obligación" de proteger a los médicos "desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma, acordado por RD 463/20 de 14 de marzo de 2020".
También, que "el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado".
Y añade que los facultativos sanitarios "tienen derecho a ser indemnizados por los
daños y perjuicios personales y morales por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana". Las cuantías que impone son más bajas que las de Alicante con 2.000 euros para cada uno de los trabajadores encuadrados en el grupo primero; 3.000 euros a los del grupo segundo; 4.000 euros en el grupo tercero; y 6.000 euros para los encuadrados en el grupo cuarto.
Por eso, el equipo Jurídico de CESM-CV estudia recurrir la sentencia ante el TSJ de la Comunidad Valenciana para que las cantidades a indemnizar se ajusten a lo reclamado en la demanda y conforme acordó en la anterior sentencia el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante.