La ordenanza de Alicante blinda el consumo de prostitución en los burdeles, según expertas docentes

Esta semana, el Ayuntamiento de Alicante ha sacado adelante su ordenanza de Convivencia Cívica que planea multas de hasta 3.000 euros por ejercer la prostitución y la mendicidad. Una norma que nace con polémica por las fuertes críticas que ha recibido de la oposición de izquierdas, a las que hay que sumar las de un grupo de expertas universitarias, cuyas alegaciones, reconocen, no han sido tenidas en cuenta. 

Hablamos con Lydia Delicado Moratalla, integrante de la Red académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía (RAIEPP) y redactora de las alegaciones desestimadas en una ordenanza cuyo texto final desconoce si ha sufrido algún cambio al no haberse publicado todavía en el Boletín Oficial de la Provincia."Esta ordenanza blinda el consumo de la prostitución en los burdeles y con ello protege al proxenetismo", avanza.

"Es muy curioso que desde el equipo de Gobierno se diga que se pretende sancionar a quienes consuman e incitan la prostitución, pero solo en la calle, sin hacer ninguna referencia a los espacios visibles e invisibles donde se consume la prostitución y que cuentan con licencia municipal", añade. 

A este respecto, recuerda el texto de alegaciones que hoy en día la prostitución "se practica de manera abrumadora en espacios privados con cita concertada, burdeles, apartamentos turísticos y en portales de internet, sobre los que la ordenanza no hace ninguna mención y, sin embargo, muchos de ellos cuentan con licencia de apertura de local y de actividad otorgada por la administración municipal".

Espacios privados como el popular macroprostíbulo de la zona norte de Alicante, "un palacio dedicado a la prostitución pese a lo cual no sería sancionado por conducta incívica", arremete. 

Consecuencias de la ordenanza

A juicio de esta doctora en estudios interdisciplinares de género, uno de los impactos más importantes de la polémica ordenanza es que, una vez sancionadas por prostituirse en la calle y "sin ningún tipo de amparo ni ayudas", se verán obligadas a trasladarse a "lugares más ocultos y vulnerables".

Mujeres ejercen la prostitución en la calle. Archivo

"Ellas siempre mencionan que prefieren hacer los servicios en la calle antes que en los coches, porque montarse en uno de un cliente no se sabe si es un viaje de ida y vuelta", sostiene esta doctora, especialista en violencia sexual, prostitución y pornografía, que ha realizado trabajo de campo con mujeres prostituidas. 

"Ese cambio a ellas ya les supone una situación de vulnerabilidad, sobre todo si en el coche hay más de un consumidor y que tengan que buscar otras estrategias de ocultación puede ser la tumba para ellas", añade tras asegurar que con esta ordenanza "se pone al mismo nivel escupir en la calle que buscar dinero para alimentar a tus hijos", como afirma que hacen mujeres, travestis y transexuales en situación de prostitución. 

Cabe recordar, agrega, que muchas de estas personas no tienen hogar con "una trayectoria de violencia de género impresionante que se inicia en la infancia", y en situación en muchos casos de "extremo empobrecimiento y marginación". 

¿Va a dejar este colectivo de prostituirse por la nueva ordenanza? "No. Evidentemente, como trabajan en la economía de supervivencia, esto va a seguir pasando, porque muchas de ellas tienen personas a su cargo y sin capacidad de reinsertarse". Personas a su cargo, como mayores o hijos, cuya conciliación con la prostitución "solo es posible en horario de día". 

¿Alternativas?

La Red académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía, formada en 2019 por un grupo de profesoras y profesores de más de 25 universidades, había propuesto que el régimen sancionador de la nueva ordenanza "se dirija sólo a quienes prostituyen y a los terceros que se lucran (proxenetismo)", en especial para aquellas acciones de quienes demanden, soliciten y faciliten la prostitución.

El proxenetismo organizado es aquel que se desarrolla en pisos, clubs, prostíbulos, salas de masaje y hoteles, -existen decenas en el territorio municipal alicantino- donde se les exige a las personas prostituidas "la ingesta de alcohol y drogas para extraer ganancias de los prostituidores y la entrega de un porcentaje muy elevado de sus ingresos por utilizar las instalaciones".

Asimismo, quienes actúan como proxenetas realizan, en numerosas ocasiones, "acciones violentas y de maltrato integral contra las prostituidas", como han reportado muchas de ellas. "Los gerentes de locales de prostitución y el proxenetismo organizado obligan y coaccionan a las prostituidas a la realización de largas jornadas de ocupación en las instalaciones, mientras que la prostitución de calle permite mayor flexibilidad y control horario, tanto para garantizar el cuidado de sus menores, sus personas dependientes, como la atención de su salud, que en muchos casos es acusadamente precaria", insiste el texto de alegaciones.

Solo con un perfil "abolicionista" de "todas las formas de la prostitución", no solo la que se da en el espacio público, y con acciones educativas, "se podría luchar contra la explotación sexual", sostiene Delicado. Porque con sanciones económicas a las que lo ejercen y sin dotación presupuestaria en el consistorio para darles una alternativa ocupacional o de formación, la lacra no cesará.