Alicante lleva el martes a pleno la ordenanza para multar a las "mafias" de la mendicidad y la prostitución

El Ayuntamiento de Alicante llevará el martes de la semana que viene a un pleno extraordinario la nueva ordenanza de Convivencia Cívica de la ciudad, que contempla sanciones tanto para la mendicidad como para la prostitución así como alternativas sociales de reinserción. No se esperan sorpresas en la votación después de que este miércoles la Comisión Permanente de Presidencia y Régimen Interior aprobase por mayoría de Partido Popular, Ciudadanos y Vox el informe de propuesta definitiva de la normativa. 

En esta comisión se han resuelto también las alegaciones de los distintos grupos políticos, incluido Cs, uno de los socios de Gobierno en el consistorio."Estamos muy satisfechos porque se haya tenido en cuenta nuestras alegaciones. Entendemos que dotan de un marcado carácter social a la ordenanza", aseguró la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez.

"Nuestra propuesta persigue luchar contra las causas del problema y no contra las personas, que son víctimas. Estas causas son las que motivan que las acciones que alteran la convivencia. En resumen, buscamos, de forma paralela, la regulación de la convivencia con la protección social de las víctimas", agregó. 

El concejal de Seguridad, José Ramón González, defendió la ordenanza en la comisión asegurando que “es una norma justa, útil, solidaria para hacer de Alicante una ciudad mejor y más segura que cuenta con un Plan de Inclusión Social". "Una ordenanza muy necesaria y buena, que demandan los propios alicantinos, y con su aprobación vamos a resolver los conflictos ciudadanos, asegurar la convivencia y actuar contra las conductas incívicas y las mafias organizadas", aseveró.

El edil de Seguridad reprochó que "el tripartito de izquierda que gobernó Alicante hasta 2018 (PSOE, Guanyar y Compromís) no hizo nada por las personas necesitadas y los indigentes". 

También defendió que cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales "nos están continuamente mandando quejas de la situación que hay en la ciudad, están pidiendo que actuemos y quieren la ordenanza, que es buena y necesaria, pido que trabajemos todos juntos por el bien de nuestra ciudad".

En la comisión se aceptaron cuatro de las seis alegaciones que el grupo Ciudadanos presentó, así como una enmienda del grupo Unidas Podemos que modifica un error en el artículo 16 de la ordenanza, y cambia donde pone sanción grave por leve.

En este marco, el concejal José Ramón González, informó que se llevará al próximo pleno la nueva norma para que "las mujeres prostituidas puedan salir de esa situación, ayudar a aquellas personas que están en la indigencia y que podamos convivir todos, actuar contra la mendicidad coactiva, con violencia o intimidación, actitudes de acoso, conductas vandálicas y cuidar de nuestros espacios públicos, para dar protección social a las personas más necesitadas".

La ordenanza cuenta con la participación de las concejalías de Acción Social, Igualdad y Seguridad, y se pondrán en marcha todas las medidas necesarias para su entrada en vigor. Al respecto, José Ramón González aseguró que "no vamos a tolerar que la convivencia en Alicante se rompa, por lo tanto espero que se apruebe el próximo pleno una buena ordenanza para mejorar la convivencia cívica de la ciudad de Alicante".

Plan Municipal de Inclusión Social 2020-2030

Al mismo tiempo, el edil ha incidido en el Plan Municipal de Inclusión Social 2020-2030, al que se ha referido como "el instrumento de partida sobre el que estamos actuando para disminuir los riesgos de exclusión social de los vecinos y reducir el número de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión". 

Este Plan de Inclusión Social plantea diversas actuaciones con recursos suficientes para elevar las coberturas a favor de los más vulnerables. Cada año, el Ayuntamiento de Alicante destina 23,5 millones de euros de sus presupuestos a estas políticas transversales de auxilio social en sus diferentes áreas de actuación.

Este programa a 10 años vista va especialmente dirigido a las personas que se hallan en riesgo o situación de pobreza o exclusión social, a las que quiere garantizar el acceso "a todos los programas en igualdad de condiciones y sin discriminación" para que puedan ser objeto de los recursos disponibles con carácter público y gratuito.