El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana acusa a la consellera de Sanidad de vulnerar la ley

La improvisación y falta de consenso con la que ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, presentó en la comisión de las Cortes Valencianas su plan de Atención Primaria ("Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022/2023"), no ha pasado inadvertida entre los colectivos profesionales que denuncian una vez más el oscurantismo y nula capacidad de negociación de la socialista.

Por eso, y ante "las noticias divulgadas ayer por su Conselleria y por los medios de comunicación, con referencia a la comparecencia que tuvo en las Cortes, en
concreto, en la Comisión de Sanidad, en la que anunció toda una serie de medidas a aplicar desde su departamento" desde el Sindicato Médico ha emitido un comunicado en el que expresan su "malestar, pues no nos consta que se nos hayan dado traslado de las mismas para su análisis y posterior debate".

Barceló, ante las críticas de la oposición, manifestó en sede parlamentaria que se trata de un documento "vivo" en el que se incorporarán las aportaciones de los colectivos implicados a posteriori. Y se dedicó a anunciar todo tipo de futuras inversiones.

Un hecho que, tal y como expresó a este diario el diputado popular José Juan Zaplana, "nos hace pensar que es un brindis al sol que sólo se ha hecho para justificar la subvención del Ministerio".

El secretario general del Sindicato Médico, Víctor Pedrera, le comunica en su carta a Barceló que "me permito recordarle que, de una manera reiterada, los tribunales vienen estableciendo la obligación de una negociación real con los sindicatos, a través de las mesas legales de negociación, en nuestro caso la Mesa Sectorial de Sanidad, la cual, no puede convertirse en un mero trámite informativo, dando por hecho de antemano su ejecución-aprobación".

Y prosigue: "Las medidas que se pretenden implementar, afectan de manera directa a las condiciones de trabajo de los médicos que representamos: anunciadas movilidades, nuevas formas de organización con la creación de direcciones paralelas en los centros de salud, “alianzas estratégicas”, con independencia de la denominación que se les aplique, parecen encaminadas a una movilidad del personal, sin que se fijen las condiciones en las que se llevará a cabo, y todo ello, cuando no se han solucionado problemas y carencias que venimos reclamando desde hace años".

"No podemos olvidar que siguen sin solucionarse, a pesar de existir incluso acuerdos que se vulneran de manera reiterada, problemas como es el transporte de los médicos en atención domiciliaria o urgente, se siguen manteniendo a innumerables médicos con contratos ilegales, como son los de refuerzo o atención continuada/urgencias", añade Pedrera.

Y "continúan las agendas imposibles de atender, cupos inviables, plantillas mermadas y/o reducidas, e ignoramos cuántos médicos de familia o pediatras, de esas 1.600 plazas anunciadas, pretenden contratar, ello con relación a la Atención Primaria, que igualmente es extendible a la atención hospitalaria, que no especializada, pues ambas son atenciones médico-sanitarias especializadas", sostiene.

Por todo ellos, el secretario general del CESM asegura que "no alcanzamos a entender que siga sin reunirse con todas las organizaciones representativas de los empleados público-sanitarios a los que les afecta de manera directa, sin lugar a dudas, la situación crítica que vive nuestra sanidad".

Para concluir: "De mantenerse esta situación, no vamos a dudar en acudir a los tribunales si se sigue vulnerando nuestro derecho de libertad sindical, pretendiendo que se convierta la Mesa Sectorial en un mero trámite informativo de sus proyectos de reforma, por lo que le instamos a que convoque de manera urgente una Mesa en la que se nos entregue la totalidad de las modificaciones que pretenden llevar a cabo"

Y añade: "Que nos permita que las analicemos con el tiempo suficiente para emitir nuestro parecer, y procedamos a negociar, de buena fe, todas esas medidas que ha anunciado pretende implementar, pues en caso contrario, nos veremos obligados, una vez más, a judicializar las normas que unilateralmente pretende aprobar".