Más de 1.000 médicos de la Comunidad Valenciana se suman a la demanda contra Sanidad por desprotección

Cerca de 1.200 médicos se han adherido ya a la demanda colectiva impulsada por el Sindicato de Médicos de la Comunidad Valenciana (CESM CV) tras las sentencias de tres juzgados que condenan a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a facultativos por su desprotección en la primera ola de covid-19.

El juzgado de lo Social número 5 de Alicante fue el primero en condenar a Sanidad con indemnizaciones a los facultativos que iban desde los 5.000 hasta los 49.000 euros, y posteriormente se hicieron públicos sendos fallos en el Juzgado de lo Social número 10 de Valencia y el Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm , aunque en estos dos últimos casos la cantidad a indemnizar era menor.

Tras el primer fallo, el sindicato lanzó el 20 de enero de este año a sus afiliados la posibilidad de adherirse a la demanda colectiva, y en una primera fase se adhirieron unos 500 colegiados y en la segunda han sido alrededor de 700, por lo que unos 1.200 médicos se han sumado.

Desde el Sindicato de Médicos de la Comunitat Valenciana han indicado que se pueden seguir sumando facultativos ya que reabrirán nuevos plazos hasta el límite de prescripción. "Si has estado trabajando durante los meses de marzo, abril o mayo de 2020 tanto si has enfermado como si no, puedes unirte a la nueva demanda colectiva que estamos preparando", explican en su página web.

Los fallos judiciales, contra los cuales la Generalitat anunció la presentación de un recurso de casación, afirmaban que la Conselleria de Sanidad tiene "la obligación", en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de "adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales".

Añadían que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, "por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado".

En el caso de la sentencia de Alicante, establecía una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados, y de 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de covid-19.

También establecía una cantidad de 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario, y de 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.