De las 6.000 plazas (por ahora 5.042) que se van a consolidar en la Sanidad valenciana procedentes de los contratos de refuerzo Covid, ni una se ha destinado al departamento de salud de Torrevieja. La mitad de la comarca de la Vega Baja revertida a la gestión pública el pasado mes de octubre que acumula ya seis meses de malestar entre los profesionales sanitarios y pacientes por el caos de gestión.
Se trata de un hecho absolutamente anómalo, ya que la incertidumbre sobre su futuro hizo que antes de la reversión muchos profesionales dimitiesen y se buscasen empleo en otras zonas. O incluso regiones. Una crisis que se ha ahondado por la desastrosa -en opinión de los sindicatos- gestión de la gerente Pilar Santos, nombrada por la consellera Ana Barceló (PSPV-PSOE).
El departamento da servicio a 160.000 personas censadas en los municipios de Guardamar de Segura, San Fulgencio, Formentera del Segura, Rojales, Benijófar, Torrevieja, Playas de Orihuela, Pilar de la Horadada, Los Montesinos y San Miguel de Salinas.
Se trata de una las zonas españolas más densamente pobladas por residentes extranjeros y turismo residencial que se añaden a los habitantes censados en momentos como la Semana Santa, los puentes o el verano. De hecho, estos días las Urgencias del hospital tras la dimisión de su director, tan sólo tienen dos médicos por turno. Y es que no se ha realizado ningún plan para garantizar la calidad asistencial y la atención en el periodo vacacional de Semana Santa.
Carga asistencial
En esta situación, la Atención Primaria debido a la alta carga asistencial no puede hacer seguimiento de pacientes crónicos ni domiciliarios. Y también se dan dificultades para el seguimiento de actividades preventivas esenciales como el calendario de vacunación infantil o vacunación frente a Covid-19.
Al mismo tiempo, aumentan las demoras en pruebas esenciales como colonoscopias o TAC, que pueden afectar a la detección precoz y seguimiento de pacientes oncológicos. De hecho, sólo hay una radióloga para todo el departamento.
Entre tanto, la Conselleria ha ido haciendo anuncios y elaborando documentos como el presentado la semana pasada en el que sacaba pecho de ser "un 58% más" de personal. "Desde la incorporación del departamento a la gestión pública, a fecha 23 de marzo, la plantilla ha pasado de 1.043 a 1.793 profesionales. 750 trabajadores más que nos permitirá atender a nuestros pacientes de manera más rápida y segura".
Los representantes de los trabajadores niegan este hecho. Ribera Salud, la anterior gestora del departamento, también. Según un acta notarial levantada el día antes de la reversión los empleados subrogados activos el 15 de octubre fueron 1.079 (más otros 69 en excedencia), en total 1.148.
No se despidió a nadie en los últimos meses porque, de hecho, lo tendría que haber autorizado la propia Conselleria. Lo que se hizo fue finalizar contratos en las últimas semanas dado que no se podía contratar más allá del 15 de octubre. El 30 de septiembre finalizaron 241 contratos de trabajo que la Conselleria renovó posteriormente, atribuyéndolo a incremento de plantilla
A todo esto se suman los problemas de no subrogación de los facultativos sin MIR o convalidación, y los problemas con los sueldos. Y es que el 90% del personal laboral se queja de que no están bien sus nóminas respecto al convenio suscrito en su día con Ribera Salud, que tenía un importante régimen de incentivos y productividad. Todo ello dificulta el clima laboral.