La correlación que existe entre los lugares donde ejercer la prostitución y el tráfico de drogas son una constante, según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este lunes se ha sabido, a este respecto, de la condena de una mujer de nacionalidad venezolana por vender cocaína desde la vivienda en la que ejercía la prostitución, situada en el centro de Alicante, adquirida por un tercer con la intención de convertirla en un prostíbulo clandestino.
El tribunal de la Sección Décima de Audiencia de Alicante, que juzgó los hechos, cree demostrado que la mujer se dedicó a la distribución de la droga, junto a otras dos que también residían en la misma vivienda y que también se dedicaban a la misma actividad. Según la sentencia recogida por EFE de un año y 6 meses de cárcel, una de ellas ya ha sido juzgada y condenada en relación a esta causa, mientras que la tercera continúa en paradero desconocido.
Los hechos sucedieron en 2005, cuando la procesada tenía 25 años. El tribunal detalla que la mujer respondió a los anuncios publicados por el propietario de la vivienda, ya condenado en relación a los mismos hechos, en los que se ofertaba a mujeres “la posibilidad de obtener beneficios económicos mediante el ejercicio de la prostitución”.
Después, el dueño de esos pisos mantenía entrevistas con las mujeres que respondían a esos anuncios y alojaba a las seleccionadas en distintos inmuebles: tres de ellos ubicados en Alicante y el cuarto y último en el municipio de Elche.
Según la sentencia, el propietario de esos pisos pactaba con las mujeres que él obtendría el 50 por ciento del beneficio recaudado por los servicios sexuales ofrecidos y elegía a una de las mujeres seleccionadas para que se encargase de controlar la recaudación. Además, les suministraba de forma habitual pequeñas cantidades de droga para que las inquilinas las vendiesen a terceros.
Operación policial
La Policía tuvo conocimiento de la existencia de esa actividad ilícita y solicitó orden de entrada y registro en el piso en el que residía la procesada. En esa operación, ante la presencia del dueño de la vivienda y de su esposa, los agentes hallaron hasta doce envoltorios que contenían un total de 9,78 gramos de cocaína.
La Fiscalía solicitó inicialmente para la acusada la pena de cuatro años de prisión como autora de un delito contra la salud de sustancias que causan grave daño. No obstante, en el inicio del juicio, negoció un acuerdo de conformidad con la defensa de la acusada, en el que la mujer reconocía los hechos y aceptaba una pena rebajada de un año y medio de prisión.
El tribunal certifica la imposición de la pena pactada en una sentencia en la que se añade el pago de una multa de 700 euros. Además, se acuerda la suspensión de la ejecución del ingreso en prisión por el plazo de dos años, con la condición de que la condenada no vuelva a delinquir.