La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, juzga este martes a partir de las 9.30 horas de la mañana a un hombre acusado de tocarle los glúteos a una menor y a una mujer en la bolera de un centro comercial de Elche el pasado mes de diciembre. La bolera está gestionada en estos momentos por otros propietarios.
Los hechos sucedieron el 18 de diciembre de 2021 en el interior del establecimiento cuando, según relata la Fiscalía que pide para él dos años y medio de cárcel y una multa de 6.000 euros por dos delitos de abuso sexual, el procesado se acercó a las dos víctimas y les realizó los tocamientos.
Por otro lado, la sección segunda de la Audiencia Provincial juzga este lunes a un hombre acusado de prender fuego al colchón de su habitación y darse a la fuga del piso de Alicante en el que vivía junto a su madre, sus dos hijas mayores de edad y seis nietos menores, todos ellos durmiendo en la vivienda en el momento de los hechos.
La Fiscalía sostiene que en la madrugada del 9 de noviembre de 2019 el procesado provocó el incendio, se marchó y no avisó a las personas que se encontraban en la casa. Pide para él una pena de prisión de diez años por un delito de incendio.
Agresión sexual a su pareja
Este martes, la sección segunda de la Audiencia Provincial acoge el juicio a un hombre al que Fiscalía solicita una pena de prisión de 10 años por los supuestos delitos de maltrato familiar y agresión sexual cometido sobre su pareja, el 27 de octubre de 2021, en la vivienda en la que residían en l’Alfàs del Pi.
Los hechos ocurrieron durante una discusión cuando, según mantiene la acusación pública, el procesado golpeó a la víctima por todo el cuerpo, la cogió del cuello y le tapó la boca para que no pudiera pedir ayuda. A continuación la inmovilizó y la forzó sexualmente, pese a la negativa de la mujer.
Por último, la sección décima juzga a cinco personas acusadas de no pagar la Seguridad Social de cerca de quince trabajadores de las tres empresas de confección de calzado que gestionaban o administraban en Petrel y Monóvar.
La Fiscalía mantiene que entre los años 2011 y 2014 los procesados generaron una deuda de más de 374.000 euros y solicita para ellos penas que oscilan entre dos años y tres años y medio de prisión y multas de 400.000 a 800.000 euros por un delito contra la Seguridad Social y otro contra los derechos de los trabajadores.