Las dos manifestaciones del pasado domingo en Madrid por la situación de la Atención Primaria en la región ha sido retransmitida en el resto de España como un acontecimiento nacional debido a que la protagonista de las críticas era la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
Pero una de los hechos más curiosos de esa convocatoria es que na ha sido apoyada con declaraciones por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien en los últimos tiempos se ha erigido como uno de los mayores opositores desde fuera a la presidenta madrileña en temas como "el efecto aspiradora" de inversiones de Madrid, la gestión de la pandemia, los turistas madrileños en esa época o la "macrocefalia" de la capital.
La manifestación de Madrid estaba convocado bajo el título 'Madrid se levanta por la Sanidad Pública. Contra el Plan de Destrucción de la Atención Primaria', por las urgencias extrahospitalarias sin todo el personal. En la Comunidad Valenciana, argumenta el PP, ese tipo de centros ni siquiera trabaja con todo el personal, directamente muchos están cerrados.
Por eso los populares han iniciado una campaña en redes sociales poniendo negro sobre blanco la situación de la sanidad en la Comunidad Valenciana. Y para ello comienzan con el problema común de la falta de médicos en todas las comunidades autónomas.
Parte de la campaña en redes del PPCV tras la manifestación.
Basándose en datos del Ministerio de Sanidad de 2021 (los últimos publicados), la Comunidad Valenciana se encuentra a la cola (quinta por el final) en la ratio de médicos por cada mil habitantes: mientras que Madrid tiene 3,7, la Comunidad Valenciana tiene 3,3, dos décimas por debajo de la media nacional.
Y peor aún es en el caso del ratio de enfermera por cada mil habitantes. La Media nacional es de 4,5 y Madrid tiene 4,3. la Comunidad Valenciana apenas llega al 3,9. Así, en la mayor parte de los criterios utilizados para medir la calidad asistencial.
Baja calidad asistencial
Los datos no dejan lugar a las dudas, pero los mismos sindicatos que se han manifestado en Madrid, en la Comunidad Valenciana no tiene previsto convocar ninguna manifestación por la baja calidad asistencial del sistema público autonómico.
Otro de los mensajes en redes sociales del PPCV.
En este sentido, si la demora LEQ (Listas espera quirúrgicas) a fecha septiembre 2022 revela como en Madrid hay un retraso de 71 días (6.019 personas esperando más de 180 días), en la Comunidad Valenciana el retraso es de 108 días (16.748 personas esperando más de 180 días (6 meses).
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En la Comunidad Valenciana las citas para la Atención Primaria tienen un retraso medio de entre 15-20 días. Y por especialidades el tiempo de espera para una primera cita para el especialista ha aumentado 20 puntos respecto a 2019 (12.000 personas más). La media es de 61,42 pacientes por cada 1.000 habitantes.
Los servicios de urgencias de los hospitales están colapsados y la situación es especialmente preocupante en Alzira, Torrevieja o el General de Castellón, con pacientes en pasillos más de 40 horas (2 días esperando cama).
Las ambulancias SAMU van sin médicos y no se custodian sus historias clínicas, se cierran plantas enteras como en Ontinyent (la de Medicina Interna), unidades de Salud Mental (comola de Vinaròs y se deriva a Castellón) o dermatología que se ha privatizado en Valencia; en La Plana se ha cerrado la unidad de Reumatología.
En Castellón han inaugurado un centro de salud (Raval Universitario) con un espacio para urgencias extrahospitalarias y han tapado el cartel porque no encuentran sanitarios para esas urgencias.
En La Vila la falta de pediatras ha hecho que no haya asistencia programada a menores y solo se atienda en urgencias. El caos asistencial en Torrevieja después de la finalización del contrato de gestión ha llevado al alcalde del Pilar de la Horadada a solicitar asistencia sanitaria para sus vecinos en Murcia con el silencio del gobierno de Puig.
Además de otros problemas, como que la sanidad pública valenciana pierde uno de cada tres MIR cada año; o el hecho de que el Síndic de Greuges ha abierto una investigación a la Conselleria de Sanidad por la opacidad en las listas de espera; o el requisito lingüístico encubierto para los sanitarios, otorgando más puntos a ese idioma que a un título de doctorado en las oposiciones.
Rescate de lo público
Por último, frente al discurso del Gobierno Botánico de que está rescatando a la sanidad de las privatizaciones que hizo el PP en la etapa anterior, los datos también dejan en entredicho esta afirmación: El plan de choque del Presupuesto para 2023 pasa por enviar intervenciones quirúrgicas la sanidad privada con un gasto de 25,2 millones de euros.
En los presupuestos de 2022, ya se presupuestaron 15 millones de euros y el pasado mes de septiembre ya llevaba gastado el Gobierno de Puig un total de 17,4 millones de euros. Sin embargo, en el último presupuesto del PP de 2015, sólo había consignados 3,6 millones para estos casos. Y es que han incrementado en 21,6 millones de euros, el 600% de intervenciones quirúrgicas a la privada.