El infierno vivido por los jóvenes torturados y maltratados en el centro de menores de Ateca (Zaragoza) han removido las instituciones dentro y fuera de Aragón. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a la Justicia de Aragón -tercera institución en la Comunidad- para mostrar su “preocupación” y expresar su interés por mantener “una vía de comunicación abierta”.
La propia Justicia, Concepción Gimeno, ha conversado este lunes con la consejera de Bienestar y Familia, Mamen Susín, y ha anunciado la apertura de un expediente de oficio para “hacer un seguimiento de la situación”. Esta institución recibió una queja por correo electrónico en la que se alertaba de abusos a dos menores por parte de sus trabajadores. Dada la gravedad de la situación, se optó por contactar “inmediatamente” con la denunciante para prestarle apoyo y recabar todos los detalles.
Una vez analizada la información, cuentan desde el Justiciazgo, Gimeno se reunió con la fiscal superior de Aragón para relatarle lo sucedido a los efectos de una posible apertura de diligencias.
Desde el Justicia subrayan que en estas semanas se ha mantenido el contacto “en todo momento con la Fiscalía”. Una vez detenidos los cuatro trabajadores y el director del centro, desde el Justicia se han interesado por la situación de los alrededor de 30 menores que han tenido que ser realojados como consecuencia del cierre provisional del centro de Ateca, decretado por la jueza del juzgado de Instrucción nº2 de Calatayud. También se ha recabado más información acerca de los propios recursos, de sus características y de la situación a medio plazo de los menores.
Tanto la Justicia como la consejera aragonesa han mostrado “plena disposición” a colaborar con la investigación en curso con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de los jóvenes, que permanecen bajo la guarda y custodia de la DGA.
También en las últimas horas, partidos como Chunta Aragonesista (CHA) han pedido la comparecencia del gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ante unos hechos que consideran “absolutamente inaceptables”. Quieren, sobre todo, que el Gobierno aragonés, que se personará como parte perjudicada en el proceso judicial, explique cómo pudo suceder todo esto siendo que los menores se encontraban en una instalación “bajo su supervisión”, e instan a asumir las “responsabilidades pertinentes” por las “graves negligencias” denunciadas.
Mientras, desde el Colegio de Educadores Sociales de Aragón (CEES), que valora personarse como acusación particular, han emitido un comunicado en el que instan a la Administración a poner a disposición de las familias denunciantes y los niños “los recursos necesarios para que puedan sentirse protegidos y acompañados en este proceso tan doloroso". A este respecto, recuerdan que llevan años denunciando la "insuficiente falta de control y supervisión" por parte del IASS de los conciertos con las entidades privadas.