Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía. Jorge Azcón ha explicado que el recurso "se apoya en el dictamen que el Gobierno de Aragón solicitó al Consejo Consultivo de Aragón y que concluyó con rotundidad que la ley de amnistía es inconstitucional y que la comunidad autónoma está legitimada para interponer dicho recurso".
El texto presentado considera que se produce "una quiebra total del Estado de Derecho", consagrado en el artículo 1 de la Constitución, "por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político".
De acuerdo con el texto constitucional, el Gobierno autonómico considera que "corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo admitiéndose como única excepción el indulto individual".
En opinión del Ejecutivo, la ley orgánica publicada "inflige el principio de separación de poderes en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo" y considera que existe "una flagrante vulneración del principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley". Argumentan que excluye la aplicación de legislación punitiva para unos concretos ciudadanos vinculados a una motivación política en la comisión de los delitos, restringido al territorio de Cataluña y para un período de tiempo determinado, que ha sido fijado "arbitrariamente o sin razonada motivación".
Por ello, la DGA considera "atentatorio contra la legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrados en el artículo 9.3 de la Carta Magna, al hacer desaparecer las consecuencias jurídicas de sentencias firmes e impedir el ejercicio de la función jurisdiccional, de forma injustificada, sin derogar la legislación punitiva aplicada, pues lo cierto es que no es su rechazo lo que da lugar a la amnistía, sino únicamente la voluntad de beneficiar a determinadas personas con la finalidad de cerrar un pacto de investidura".
El Gobierno de Jorge Azcón recalca que la Constitución no contemple la amnistía "supone que esta colisiona de manera irreconciliable con el derecho a la igualdad de todos, derecho subjetivo, que se torna en obligación de respeto y de garantía que la Carta Magna impone al legislador y a los poderes públicos", explica el escrito.
La DGA ha querido señalar que según el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón en la ley de amnistía "concurren claros vicios de inconstitucionalidad" y con ello "se deduce la legitimación de la comunidad autónoma para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad" ya que afecta a el interés aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que la comunidad autónoma de Aragón mantiene con la de Cataluña.
El Ejecutivo también ha cuestionado la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la Ley Orgánica de Amnistía ya que inflige los principios democráticos del Estado de Derecho exigidos por la Unión Europa por "no dar oportunidad de una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración, conforme a las técnicas de la democracia deliberativa", lo que puede plantearse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vía de la cuestión prejudicial.
Además, el Gobierno aragonés defiende que la aprobación de la amnistía exige una previa reforma de la Constitución, que no la prevé, "habiéndose rechazado en el proceso constituyente las enmiendas que pretendían incluirla, sin que las Cortes Generales puedan hacer valer ningún poder en la materia, dado que la amnistía es una función distinta de la genérica potestad legislativa".