El nuevo contrato de las ambulancias en Aragón vuelve a paralizarse a un mes de una segunda prórroga

Nuevo revés en la licitación del nuevo contrato del transporte sanitario programado y no urgente en Aragón. El Tribunal de Contratos (Tacpa) ha vuelto a paralizar el proceso de forma cautelar por segunda ocasión para estudiar dos nuevos recursos presentados por la patronal del sector Aetrans y por la UTE de MAIZ y Transportes sanitarios del Norte S. L., que retrasan la adjudicación del nuevo contrato.

Esta paralización dificulta la posibilidad de llegar a tiempo a firmar los nuevos contratos antes de que se cumplan los plazos del actual servicio. De hecho, ya se encuentra en el primero de los dos años de prórrogas que se contemplan, que finaliza el 12 de febrero, es decir, dentro de apenas un mes.

Ante ello, desde el Departamento de Sanidad inciden en que se mantiene la posibilidad de aplicar una nueva prórroga de seis meses al contrato actual, y que se aplicaría desde este mismo mes de febrero. Y, además, si fuera necesario, sostienen estas fuentes, buscará soluciones alternativas para que en ningún momento se deje de prestar el servicio.

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Estaba previsto que el próximo miércoles 15 de enero se dirimiera la adjudicataria del contrato, que se eleva a 57,8 millones de euros para cuatro años. Las dos finalistas han sido Ivemon Ambulancias Egara, que actualmente lo gestiona con MAIZ, aunque para este nuevo contrato se ha presentado en solitario, y el Grupo SSG.

Esta es la segunda ocasión en la que el Tacpa paraliza este proceso de licitación. Este mismo organismo suspendió el proceso el pasado 11 de octubre tras recibir dos recursos de sendas asociaciones empresariales contra las cláusulas salariales, que consideraban que limita su margen económico y que se trata de una vulneración de la negociación colectiva.

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De hecho, una de las grandes novedades de este contrato radicaba en la importancia que se dará a la mejora de las condiciones de los trabajadores. En este sentido, el contrato blinda la subida salarial, dados los conflictos laborales que la actual adjudicataria lleva sin solucionar desde hace más de un año.

En la resolución del Tacpa, se defiende que la contratación pública “ha evolucionado” y ya no es exclusivamente “un medio de abastecerse en las condiciones más ventajosas”, sino que “debe velarse” por un “adecuado estándar de calidad”. Por ello, sostiene que una “visión cualitativa” debe “servir de base” para seleccionar la mejor relación calidad-precio, incorporando “criterios sociales, ambientales o de innovación”.

Además, el nuevo pliego establece unas condiciones especiales de ejecución del contrato, según las cuales el criterio relativo a la mejora de las condiciones salariales del personal que presta el servicio tiene la consideración de "esencial" para la adjudicataria durante la vigencia del contrato, lo que significa que incumplirlo es causa suficiente de resolución del contrato.