Cada 20 de diciembre, Aragón conmemora uno de los momentos más significativos de su historia. Una fecha que nos recuerda la decapitación de Juan de Lanuza V, el Justicia de Aragón, en 1591. Su ejecución es un símbolo de los derechos y libertades aragonesas.

Lanuza fue ajusticiado por erigirse en defensor de los fueros frente a la imposición de Felipe II, quien, con su ejercicio de autoridad absoluta, quiso decapitar nuestra una identidad propia y diferenciada.

En aquel entonces, el Justicia representaba el papel del defensor de las libertades del pueblo frente a los abusos del poder real y su muerte marcó un antes y un después en la identidad colectiva aragonesa.

Tal día como hoy, desde CHA, entendemos que esta efeméride no se trata solo un acto de memoria, homenaje y recuerdo, debería ser una fuente de inspiración para continuar defendiendo lo que es y supone nuestro autogobierno y con él todos los derechos sociales, educativos, culturales, sanitarios y económicos que nos pertenecen al pueblo aragonés.

Estos principios de respeto a la personalidad política aragonesa no pertenecen al pasado, son más relevantes que nunca en el contexto actual. No se trata solo de un ejercicio de simple nostalgia, sino de impulso a la reivindicación y una llamada a la crucial responsabilidad de las generaciones futuras.

En este 20 de diciembre, hagamos que la memoria de Lanuza sea esa fuerza de cambio para construir un Aragón donde podamos decidir nuestro futuro desde aquí, como pilar fundamental de nuestra democracia, de nuestra convivencia.

Hoy, cuando nos enfrentamos a desafíos tan globales como la crisis climática o el reto demográfico, es necesario ser más conscientes, si cabe, de la necesidad e importancia de poder tomar, desde aquí, las decisiones que sí nos afectan, como una fórmula para garantizar un mejor futuro.

Si queremos escuelas en nuestros pueblos más pequeños, si demandamos políticas activas para cuidar mejor nuestro tejido productivo aragonés, si abogamos por un marco propio para los derechos laborales de nuestra gente, si abogamos por dignificar nuestra cultura, nuestras lenguas y proteger nuestros paisajes, si estamos de acuerdo en impulsar nuestra red pública de servicios sociales y sanitarios para todas las personas, si deseamos un país libre de xenofobia, pleno de derechos y libertades para las mujeres, para el colectivo LGTBI..., debemos decirlo, decidirlo y construirlo desde nuestro propio poder político aragonés.

No podemos dejar en manos de quienes están fuera las decisiones políticas más importantes, las que mejoran nuestra vida diaria. Solo con nuestra gente y para nuestro Aragón estaremos más cerca de lograr ese mejor lugar en el mundo que nos merecemos.

Y debemos ligar esa demanda de poder político con una capacidad financiera suficiente. Si no disponemos de un sistema que respete nuestro hecho diferencial aragonés, desde la demografía envejecida, al extenso territorio, pasando por los derechos históricos que reconocen nuestra capacidad foral, tendremos gobierno propio, pero no será útil para poner en marcha nuestras decisiones políticas.

Para alcanzar este doble poder aragonés es fundamental recordar que nuestras instituciones públicas, las aragonesas, no son un privilegio, sino un derecho. Entender la importancia de esta lucha histórica, conocerla, comprometerse en ella, saber que quienes vivimos aquí tenemos, por tanto, ese papel esencial en la defensa y la renovación constante de nuestra identidad aragonesa.

Recordemos con orgullo y convicción el legado para el futuro de quienes dieron en el pasado su vida por defender lo que somos y lo que queremos seguir siendo, Aragón.