De izquierda a derecha: Gregorio Cámara, Santiago Muñoz Machado, Francisco Moreno, Jorge de Esteban, Francesc de Carreras y John Müller P. Cobos
Por Lucas de Andrés Raga, (abogado y editor)
Las reformas constitucionales que se hacen más necesarias, en el momento político actual y de futuro inmediato, han sido objeto de un coloquio en el primer aniversario de EL ESPAÑOL, al que he asistido con interés.
El sistema constitucional de 1978 contiene anacronismos, que si bien un día sirvieron para el inicio de la democracia en 1978 y el sistema de partidos, hoy han quedado obsoletos por el paso del tiempo y las circunstancias políticas. Prueba de ello es que después de casi un año sin gobierno, hay varias causas que han contribuido a la actual situación de bloqueo con perjuicio de la gobernabilidad y la estabilidad social y económica.
En el simposio matinal del lunes, los ponentes llegaron a varias conclusiones en las que queda patente que tales reformas deben hacerse sin pérdida de tiempo, aunque una tras otra. Determinar cuáles son las más urgentes no va a ser tarea fácil dada la situación del amplio número de partidos que conforman las actuales Cortes y a la que estamos poco acostumbrados. La sociedad española ha evolucionado dejando atrás el bipartidismo para establecerse en el multipartidismo.
Las fallidas investiduras han sido un claro ejemplo de una de las materias que hay que modificar con urgencia, y que en principio debería de facilitarse sin que se produjeran interferencias indeseadas a la gobernabilidad.
Quien gane unas elecciones debe de contar con un plus adicional de votos para que le permita no solo gobernar sino legislar y mantener una estabilidad parlamentaria sin que tal proporción pueda tampoco alterar gravemente el resultado de las elecciones, pero, a su vez, debe modificarse el sistema proporcional de carácter provincial de nuestro sistema electoral así como la regla D’Hondt que es, en aras de una estabilidad en la transición, hoy un sistema denostado que limita gravemente no solo a las minorías sino también al principio de igualdad en la elegibilidad. Por ello, se han planteado cuestiones relativas a la eliminación de los distritos provinciales, que traería otras ventajas como la eliminación paulatina de las Diputaciones provinciales, o la elección por distritos electorales de cien mil habitantes por diputado.
Ello llevaría sin lugar a dudas a un Congreso de los Diputados con más amplia participación pero, a su vez, a una eliminación del Senado, pues no se plantea, en un futuro inmediato, un Estado federal que en todo caso debería de seguir el sistema alemán pero de lo que aún no está dentro de los planes.
En todo caso, esta nueva legislatura que comienza puede ser breve e ineficaz, si persisten el Partido Popular y el Partido Socialista en mantener políticas de no regeneración que desembocarán, más pronto o más tarde, en una irremediable convocatoria de elecciones o bien en la asunción de una nueva realidad política que pueda repetirse en unas terceras elecciones y que justifique a los ojos de la ciudadanía una modificación constitucional en primer lugar del sistema de investidura y del sistema electoral, que entiendo son los más urgentes y que harían más ágil, más igualitario y más justo nuestro sistema político y constitucional.