Manteros en Barcelona. Efe
Durante los últimos tiempos los gobiernos del PSOE+PPodemos han ido asumiendo un discurso tolerante con acciones permisiva hacia el “top manta” con la excusa de ser economía de subsistencia, es decir, se “los manteros se están ganando la vida”. Pero esta excusa banal sostiene dos puntos: mantener en la exclusión socio-laboral a estos seres humanos que luchan día a día para ganarse la vida y, en segundo lugar, no enfrentarse a las mafias y grupos yihadistas que explotan a estos seres humanos vendiendo copias falsas, siendo estos beneficios, producto de estos negocios clandestinos, objeto de financiación de mafias y redes yihadistas.
No podemos, en ningún caso, en un Estado Social de Derecho amparar y mantener estos negocios ilícitos.
Los políticos deben encontrar soluciones para sacar a estas personas, “manteros”, incluso su terminología conlleva, ya socialmente, una denominación despectiva, de ese turbio mundo de las copias ilegales y las falsificaciones. Lo razonable, reitero, en un Estado Social y de Derecho, como es España, sería preparar un plan para que estas personas puedan incorporarse al mundo laboral y, con ello, su adaptación plena a la sociedad. En ningún caso, se puede ser tolerante con situaciones ilegales, como son los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y, lo más preocupante, que estas personas, normalmente, irregulares administrativamente, sigan en una situación de desamparo y exclusión social.
Por otro lado, “el mantero”, es el último eslabón de una cadena de fabricación y comercialización de productos falsificados. El gran problema, no nos dejemos engañar es la financiación de las mafias y redes yihadistas con cuya fuerza productiva organizada internacionalmente mantienen sus actividades terroristas. En este punto es donde hay que poner el foco de atención.
Por lo tanto, el problema, señoras Ada Colau y Carmena, no son los “manteros”, es lo que hay tras ello, las bandas organizadas que se lucran con el sudor y trabajo de estas personas, muchas de ellas incluso, en situación de trata de personas, en las calles madrileñas, sevillanas, barcelonesas, etc…. Impedir esta comercialización ilícita e internacional es la labor fundamental.
Estas mafias no sólo explotan a los “manteros”, sino también a cientos de personas que en talleres clandestinos y en régimen de esclavitud realizan las copias. Muchos de estos talleres, regidos por mafias organizadas internacionalmente, es donde tienen a niños y mujeres venidos a España o Portugal en condiciones infrahumanas y de esclavitud.
Según informes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de ambos países, estos talleres tendrían su ubicación en el norte de Portugal y exportarían casi el 85% de las mercancías falsificadas.
Todos estos talleres y redes de falsificación tienen serias conexiones con las mafias del narcotráfico y con redes yihadistas. Como ejemplo en 2016, uno de esos talleres de falsificación en Portugal, cayó y se detuvieron a los cabecillas, ciudadanos marroquíes. Los beneficios del taller iba destinado a financiar redes yihadistas. Similares casos se han dado por todo el territorio hispano-portugués.
Pero no solo lo han detectado nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según Equipo de Investigación, en su programa “tirar de la manta”, el propio Senado de los Estados Unidos expuso en un informe sobre seguridad y financiación sobre redes yihadista que el eslabón final de las cadenas de falsificaciones recaía en el yihadismo.
En conclusión, el terrorismo yihadista se financia (entre otras cosas) con el dinero que genera las falsificaciones, explotando a miles de personas en los talleres ilegales y en las calles de nuestras ciudades. Estas redes yihadistas se aprovechan de la desesperación de estas personas por ganar algo de dinero y cambiar su suerte para explotarlas. Señoras Ada Colau y Carmena, el problema no son los “manteros”. El problema es lo que hay detrás del top manta y a quien financia los productos que vende los “manteros”. A los manteros hay que darle una solución y sacarlos de las calles pero, en un Estado de Derecho, se debe cumplir la Ley y seguir luchando policialmente contra los falsificadores y su distribución.