Okupas

Tanto en España como en Argentina convivimos con el flagelo de las ocupaciones ilegales de nuestra propiedad privada.

Los “okupas” es un fenómeno que va creciendo en nuestra sociedad, se expande y representa un problema mayúsculo para todos aquellos que, con mucho esfuerzo, logramos tener nuestra vivienda.

Seré poco político al afirmar que, lamentablemente, al okupa, indirectamente, lo protege la propia justicia.

Efectivamente, lo que debería tratarse de un trámite exprés, rápido y expeditivo para erradicar la usurpación ilegal y restaurar a sus propietarios su legítima propiedad, en la mayoría de las veces es la propia justicia quien tarda meses o años en resolverlo.

En el ínterin, el okupa se instala, goza de los servicios de primera necesidad que deberá abonar el propietario, pero lo peor, nos han expulsado de nuestra casa y la justicia nos pide que seamos los propietarios quienes demostremos las pruebas dando cuenta que esa finca se encuentra usurpada.

Esta violación a la propiedad privada debe tratarse con rigurosidad, contrariamente a lo que hoy, a mi criterio (quizás desacertado), se lo toma como un tema ya naturalizado o usual.

El okupa debe ser expulsado por la fuerza pública al instante del lugar con solo demostrar mediante cualquier medio de prueba -aunque sea con el mero testimonio de los propios vecinos- quién es el legítimo propietario de la finca, aunque luego la justicia le requiera mayor cúmulo de documentación una vez que fue restituida su propiedad.

Y no alcanza solo el eyectar al okupa de la propiedad usurpada, sino que, al acudir la policía con orden de la justicia y encontrar a las personas dentro de la vivienda, a esta conducta violenta se la debería considerar como un delito en flagrancia, por lo cual la sanción penal deberá ser ejemplificadora y correctiva.

Por tal razón, me atrevo a afirmar, que no sería una mala iniciativa reformar la ley a fin de que el okupa no sea excarcelado y cumpla prisión efectiva.

La ley debe amparar al ciudadano que trabaja, al que con mucho esfuerzo mantuvo a su familia a lo largo de su vida y pudo acceder a su vivienda con el ahorro y, seguramente, muchas privaciones.

Parecería que todo fuera al revés, la ley estaría protegiendo al que jamás trabajó ni lo desea, al que pretende vivir de lo que se apropia indebidamente y al que maltrata al ciudadano que paga sus impuestos.

Mientras que los “okupas” no tienen nada que perder, en la actualidad, los ciudadanos honestos, debemos solicitar presupuestos para la colocación de las puertas blindadas, mientras que la justicia se toma su tiempo para que lo injustificable (la violación de la propiedad privada) sea contrarrestado por la propia víctima luego de meses de burocracia e inacción.