El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo.
De que nuestra justicia sea percibida, tanto dentro como fuera de España, como politizada y con falta de independencia tienen gran parte de culpa nuestros representantes políticos. Si se buscan fórmulas alternativas que favorezcan que el Poder Judicial deje de ser una baza en las luchas políticas ayudaría a mejorar su imagen. Por esto, señores Sánchez y Feijóo, ¡dejen de politizar la justicia!
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se compone de 20 vocales y el presidente del Tribunal Supremo. De todos los vocales, 8 se reserva su elección a las Cortes Generales y 12 a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 122 de la Constitución Española). Desde su aprobación en 1985, la Ley Orgánica estableció que los 20 son elegidos por las Cortes Generales.
La esencia constitucional de las mayorías cualificadas, tanto para elegir órganos constitucionales como reformas de la Carta Magna, es la de propiciar consensos. Y, de esta manera, evitar que una fuerza política imponga su criterio.“La justicia emana del pueblo”(art. 117 de la Constitución) y parecería lo justo que sean nuestros representantes políticos quienes elijan al órgano de gobierno de los jueces. Esto sería acertado si la mayoría cualificada de 3/5 por la que se eligen cumpliera su función constitucional de favorecer consensos. Sin embargo, nuestros representantes, han estado más preocupados de repartirse los cargos que de consensuar personas.
Pervertida la función constitucional de las mayorías cualificadas, mantener la elección parlamentaria de los vocales de CGPJ, solo favorece la perpetuación de la mala imagen del poder judicial. Además, bloquea este órgano constitucional cuando no son capaces de llegar a acuerdos (en este caso, lleva así desde 2018 que expiró el mandato de los actuales vocales).
Todo esto hace necesario estudiar fórmulas que permitan que esos 12 vocales reservados a la Ley Orgánica se elijan entre los propios jueces. Facilitaría la independencia del órgano de gobierno de los jueces y un blindaje frente a posibles bloqueos.