Hace cinco años ETA anunció el alto al fuego definitivo. Tras más de 800 muertos y décadas de terror España encontraba la paz. Empezaba una época nueva y para ello a muchos se les obligó a mirar hacia delante. Comenzaba una época de convivencia en la que los familiares de las víctimas se cruzan con aquellos que apoyaban a la banda por las calles. Los primeros pasos de un proceso de paz siempre son duros y más para los que han sufrido en su piel el horror del terrorismo.

Pero avanzar no quiere decir olvidar. España tiene un problema con su memoria histórica. Una y otra vez intenta hacer borrón y cuenta nueva en vez de afrontar el pasado y hacer justicia. Ocurrió -y sigue ocurriendo- con los crímenes del franquismo y la herencia de la dictadura que sigue presente en nuestra sociedad y empieza a pasar lo mismo con los asesinatos de la banda terrorista. En torno a 320 de sus crímenes siguen sin resolver. Ni un culpable, ni un nombre, ni un juicio. Los familiares no saben quién disparó a sangre fría a su padre, el anonimato en torno a las siglas de ETA ha hecho que más del 40% de los casos no terminaran con una condena.

Esta situación de impunidad es la que denuncia Iñaki Arteta en Contra la impunidad, el documental que ha presentado en SEMINCI y que continúa la senda de 1980 y Trece entre mil. Arteta ha centrado su trabajo desde la productora Leize en dar voz a las víctimas y en que el país no olvide los años de violencia. Su trabajo abre con una declaración desarmante de uno de esos familiares: "Nadie olvida los atentados del 11 de septiembre o del 11 de marzo, pero todo el mundo ha olvidado el atentado de ETA de 1979 en Atocha, Barajas y Chamartín en el que, por suerte, sólo hubo muertos. No hubo tantas víctimas como en el 11M de casualidad y nadie ha pagado por ello. No sabemos nada. Ni siquiera socialmente, no hubo repercusión porque se mataba todos los días. En 20 años no hemos tenido ninguna información del Gobierno ni del Poder Judicial”, apunta.

Años en los que la sangre corría por las calles y la gente lo veía como algo habitual, hasta los jueces, que no parecía que pusieran todo de su parte por solucionarlo. Miedo, dejadez… no hay una respuesta para saber el motivo, pero las víctimas lo tienen claro: “vivimos en el desconocimiento más absoluto”. Ellos denuncian una sensación de “desamparo” por parte de las autoridades, especialmente del Poder Judicial. Una opinión que comparte el Catedrático de Derecho Internacional, Carlos Fernández de Casadevante, que asegura que “el estado no ha estado a la altura. Ni el poder judicial, ni la audiencia nacional ni el tribunal supremo”.

El estado no ha estado a la altura. Ni el poder judicial, ni la audiencia nacional ni el tribunal supremo

El documental es la continuación del trabajo del periodista de investigación Juanfer F. Calderín y de una iniciativa de las víctimas. En 2011 llegaron a una primera cifra de atentados sin condena ni culpable, justo en un momento que como recuerdan en la película “el debate era que si se tenían que vaciar las cárceles”. “Esos supuestos terroristas que se han desvinculado, han pedido perdón y se les está premiando deberían colaboran en el esclarecimiento de casos que están sin resolver. Se establece el borrón y cuenta nueva y las víctimas son las que sufren”, cuentan con dolor en el rostro. Ya no se habla casi de terrorismo y muchos opinan que reabrir casos sería “un incordio” para esa paz actual.

Crímenes contra la humanidad

Una de las opciones que se plantean para no olvidar estos asesinatos y que sea posible mantener una cusa abierta contra ellos es considerarlos crímenes contra la humanidad. Es lo que plantea el abogado especializado en justicia internacional Migue Ángel Rodríguez Arías, que ha enfocado su carrera a luchar por hacer justicia ante “los crímenes contra la humanidad del franquismo y los de ETA”. “Hay una laguna de impunidad enorme. El objetivo es demostrar que lo que ETA había hecho eran crímenes de derecho penal internacional. Había familias que no se atrevían a volver a su casa por miedo a que los mataran, y en algún caso fue así”, dice el abogado en el documental.

Es lo que le ocurrió a José María Uriarte Alza, que tras huir de su pueblo regresó porque no podía estar alejado de los suyos. Un terrorista bajó de un coche y le pegó seis tiros que acabaron con su vida tras cinco días de agonía. “A mí me mataron un poco”, explica su viuda mirando a cámara. Su hija quiere saber todavía quién fue el asesino. “Yo no me voy a vengar, pero quiero saber quién le mató y quién le vigilaba, porque le considero más asesino que el que le mató. Se hizo una revisión de la escena del crimen, se llamó a declarar a las cuatro personas que vieron al atentado, a la propietaria del coche del que bajó el asesino y esa fue la investigación, en unos meses el caso se había sobreseído. Ahora ya ha prescrito”, zanja con pena.

Muchas más familias de las víctimas han pasado por lo mismo, los crímenes han prescrito y no hay forma de juzgar a quienes mataron. La impunidad se ha impuesto. Sus declaraciones llenan el documental de Iñaki Arteta, como también las de abogados como Milán Del Bosch, que tiene claro que “la reparación a las víctimas no puede ser sólo económica, tiene que ser moral”.