Las televisiones privadas quieren que plataformas como Netflix, HBO o Wuaki también financien RTVE y el cine español. Así lo ha defendido este martes el presidente de Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) Alejandro Echevarría, que ha reclamado un trato equitativo en condiciones y obligaciones respecto a las plataformas audiovisuales alternativas.
Echevarría ha pedido la homogeneización entre las obligaciones requeridas a los operadores en abierto y las que deben cumplir otros actores que son competidores directos de la TDT en audiencia, adquisición de contenidos y el mercado publicitario. Y lo ha justificado por la necesidad de reformar esa ley también porque no garantiza la estabilidad jurídica de las televisiones en abierto.
Además, ha proseguido, debe fortalecerse el régimen de licencias, eliminando limitaciones y asegurando que los adjudicatarios tendrán espectro radioeléctrico y ancho de banda necesarios para ofrecer un servicio de alta calidad.
En esta línea, ha defendido como imprescindible dotar de seguridad jurídica a los adjudicatarios actuales como mínimo durante el período de vigencia de sus licencias en explotación, de 2025 a 2030, ante la posibilidad de un "segundo dividendo digital" por acuerdos europeos e internacionales (migración de la emisión de las televisiones a otras bandas del espectro para dar cabida a otro tipo de operadores).
Echevarría ha defendido una revisión de la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a la realidad digital y ajustar los múltiples derechos reconocidos por la ley española a los países de nuestro entorno, para evitar así pagos dobles y hasta triples por un mismo uso.
En cuanto a la Ley del Cine, de 1999, el presidente de Uteca ha demandado que las productoras cinematográficas integradas en grupos audiovisuales tengan los mismos derechos que las productoras independientes. En relación con la viabilidad de RTVE, la ha vinculado a los Presupuestos Generales del Estado.
Ha asegurado que los números muestran que una vuelta eventual a la financiación con publicidad de la televisión pública estatal supondría una distorsión de este mercado y un perjuicio para los operadores privados, pero no solucionaría los problemas de aquella.