"Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad". Así arranca de forma puntual cada noche El Gran Wyoming su programa en laSexta, El intermedio. Este miércoles, sin embargo, el programa no tuvo más remedio que contar una verdad a medias. 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, citó este miércoles como investigados al director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de la sociedad editora del periódico, Mauricio Casals, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Les citó para prestar declaración a partir de las 12:00 horas del jueves en la Audiencia Nacional.

El intermedio abrió con la noticia de la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Era la noticia del día. A continuación también hablaron de la imputación de Francisco Marhuenda. Sin embargo, el programa tuvo que guardar silencio sobre la imputación de Mauricio Casals.

Aunque en diversos medios se habló de Casals como el presidente de La Razón, lo cierto es que el empresario también es adjunto al Presidente del Grupo Atresmedia y miembro del Consejo de Administración de varias empresas del sector de la edición y la comunicación. De ahí que El intermedio no pudiese contar la acusación que existe contra uno de los altos cargos de su grupo. 

El magistrado les convoca a declarar en virtud del artículo 464 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a cuatro años para todo aquel que utilice la "violencia o intimidación para intentar influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal".

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tanto Marhuenda como Casals habrían presionado a Cifuentes para evitar que remitiera a la Fiscalía Anticorrupción el informe y las auditorías que recogían irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II con sospechosas operaciones en paraísos fiscales y para impedir que colaborara con la Justicia.