La Junta de Castilla y León se marca como prioridad en esta legislatura la revisión y ampliación de contenidos de los protocolos de colaboración que mantiene con todas las comunidades autónomas vecinas una vez cerrado este mapa, en una renovación en la que dará entrada a la participación de las corporaciones locales en su seguimiento en las políticas de ámbito supramunicipales.
La Consejería de la Presidencia, que dirige Ángel Ibáñez, trabaja ya en la revisión de algunos de esos protocolos de colaboración para la firma de otros nuevos, como en el caso de los existentes con el País Vasco y Galicia, además prevé abordar un nuevo protocolo el próximo año con la Comunidad de Madrid.
En este momento existen más de 90 entre protocolos y convenios de colaboración con todas las comunidades limítrofes (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, País Vasco y Cantabria), después de que el mapa se cerrara con el suscrito hace ahora un año con el Gobierno cántabro.
Según explicó el consejero de la Presidencia en las Cortes, actualmente existen municipios que quieren establecer líneas de colaboración estables con poblaciones vecinas pero que “les es muy complicado al tratarse de distintas comunidades autónomas”. Por ello, una de las novedades será posibilitar que esas políticas supramunicipales se puedan desarrollar “de manera natural y teniendo en cuenta una mejora sustancial en la prestación de los servicios públicos”, también de los que competen a las entidades locales, desde el respeto hacia la autonomía municipal, precisó Ibáñez.
En el protocolo general con el País Vasco, firmado hace casi diez años entre Juan Vicente Herrera y el entonces lehendakari Patxi López, Presidencia busca atender nuevas demandas, como las de los vecinos de la comarca de las Merindades de Burgos. Con la Xunta de Galicia, cuyo acuerdo de 2010 evalúan todas las consejerías y avanzan nuevas propuestas de colaboración para ambas comunidades, se considera prioritario el desarrollo del Corredor Atlántico Noroeste, así como la definición de una estrategia logística común para ambos territorios.
Impulso a partir de 2007
El impulso a este instrumento de cooperación horizontal se produjo con la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007, en cuyo artículo 60 se recoge el marco general de los Convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas, por lo que la mayoría datan de los años inmediatamente posteriores.
Castilla y León ha impulsado, desde la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007, la firma de más de 90 acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas limítrofes y, entre ellos, diversos protocolos generales cuyo objetivo es facilitar el acceso a los diferentes servicios públicos con independencia de la Comunidad en la que residen.