El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, defiende una mayor autonomía y mejor dotación organizativa de este órgano jurídico, para dar un buen "control de la legalidad" en las decisiones que tanto la Junta de Castilla y León, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas toman en torno a la vida de los ciudadanos. 

Agustín Sánchez de Vega cumple en los próximos días tres años en su cargo al frente de esta Institución Propia de la Comunidad. En el marco de la jornada Las Instituciones propias de Castilla y León tras la Covid-19, organizadas por EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, ha defendido el mantenimiento de estos órganos de control que son Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, asegurando que "son poco sustituibles". Pese a que es consciente de que estas instituciones "están protegidas por el propio Estatuto de Autonomía y una reforma podría llevar a su desaparición", ha recordado que "los experimentos que se han llevado a cabo en otras comunidades autónomas han traído cosas poso desables para el sistema, y al final, han vuelto a aparecer con otros nombres y, a lo mejor, perjudicando a la propia autonomía, por quedar vinculadas a ciertas consejerías". En relación con esto, Agustín Sánchez de Vega ha defendido la independencia que necesitan estos órganos por "entender que el diseño constitucional del poder político ha llevado a que las comunidades autónomas gestiones cuestiones más importantes de la vida de los ciudadanos, como la sanidad o los servicios sociales", lo cual hace necesario para el presidente del Consejo Consultivo la existencia de "controles de la legalidad". Para Sánchez de Vega el Consejo Consultivo cumple esa función, que hace que sea "insustituible" y considera que plantear su desaparición "disminuye las garantías del derecho y la calidad democrática".

Agustín Sánchez de Vega ha defendido la necesidad del Consejo Consultivo como órgano que "auxilia, asesora, ayuda y apoya" a las instituciones administrativas y a los representantes políticos en la toma de decisiones y como "órgano de control de la legalidad". El presidente del Consejo Consultivo ha indicado que "nuestro Tribunal evita pleitos antes el Poder Judicial en un porcentaje altísimo y colabora indiscutiblemente en asuntos de legalidad". Además, resulta un apoyo en determinadas decisiones políticas, donde plantean informes sobre anteproyectos de ley o decretos, para poner "el límite máximo a en relación con derechos fundamentales". Y cuando se trata de decisiones administrativas "nos acercamos mucho más al ciudadano", ya que se encarga de cuestiones como reclamaciones de responsabilidad patrimonial o decisiones sanitarias, "de las cuales, antes de tomar la decisión, tienen que consultarnos obligadamente por las leyes estatales". 

El presidente del Consejo Consultivo ha recordado que su órgano también gestiona el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. "Una especie de sistema prejudicial", que sirve para "dar una garantía de legalidad y seguridad jurídica añadida ante los operadores jurídicos, administraciones, licitadores... Una prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, donde se llega a soluciones razonables y racionales". Pero esto ha provocado que al Consultivo se le añadan funcionales, pero que les plantea, según Agustín Sánchez de Vega, "algunas disfunciones, sobre todo de compatibilidad" y de necesidad de contar con especialización de los letrados. El presidente del Consultivo ha definido su institución como "un órgano pequeño en todos los sentidos, lo cual provoca que el encaje de funciones "pueda provocar incompatibilidades". Por ello, recuerda, a lo largo de la legislatura pasada plantearon a los parlamentarios una propuesta para modificar la ley, y que permita "un mejor ensamblaje del Consejo Consultivo y el Tribunal", que se haga de modo interno. Además, reclama una mayor autonomía "porque su independencia está fuera de toda duda". Y, finalmente, conseguir una "estabilidad de los especialistas". Sánchez de Vega ha indicado que "la doctrina de este tribunal no puede dar saltos al vacío, los letrados y grupos de letrados tienen que mantenerse estables". Por ello pide que se busquen fórmulas para que los letrados de muy alta especialización "tengan una vía tranquila" en el Consejo Consultivo, con soluciones presupuestarias. 

Y es que, como ha recordado, en los diez años de vida de este Tribunal, se han presentado recursos por valor de 8.000 millones de euros, lo cual hace necesario para Sánchez de Vega "una estructura algo más potente" dentro del Consultivo dada la "complejidad de estas instituciones que exigen una recomposición interna". En concreto, el presidente del Consultivo apela a la creación de un secretario general, que ordene la institución, que se encargue de las necesidades de personal, y que coordine "todas las labores internas del Consejo y el Tribunal". Y además, considera necesaria esta figura ya que sus recursos "generan responsabilidades a los propios miembros, por ejemplo, cuando indicamos que la adjudicación a una empresa no ha sido correcta, y hablamos de grandes empresas que pueden traer repercusiones". 

El trabajo en pandemia

El presidente del Consejo Consultivo cree que, si bien el COVID "ha afectado por completo a nuestras vidas y al funcionamiento del órgano", esta Institución Propia ha mantenido "el trabajo constante y continuado para sacar adelante y con la mayor normalidad posible" sus tareas. De hecho, en 2020 se llevaron a cabo 200 resoluciones y 460 dictámenes, solamente entre 80 a 100 menos que previos al estallido de la pandemia. 

Sobre los casos que puedan llegar al Consejo Consultivo y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Agustín Sánchez de Vega ha indicado que, por el momento, se han tratado temas como la suspensión de contratos por la pandemia o resoluciones por incumplimiento de plazos en contratos. De hecho, ha contado que, justo el 11 de marzo, se encontraban resolviendo un recurso contra la compra de respiradores en el Hospital Universitario de Salamanca. Pero es ahora cuando "vamos teniendo algún caso más concreto" relacionado con la responsabilidad sanitaria. Por ejemplo, ha relatado el caso de algún vacunado que ha tenido efectos secundarios con determinada marca y que se encuentra en admisión a trámite. 

Finalmente, Agustín Sánchez de Vega se ha referido al informe que elaboraron por iniciativa propia para incluir el reto demográfico dentro de los planteamientos que las instituciones hagan a la hora de crear normas o leyes para la Comunidad. "Nuestra perspectiva solo puede ser jurídica, pero desde ahí, nos hemos preocupado or este problema y nos lleva a plantearnos la calidad de las normas y que, las que vayan a adoptarse puedan servir para mejorar la situación del mundo rural y las zonas despobladas", explicaba. Algo que se recibió bien por parte de las instituciones públicas y parlamentarios, y que el gobierno regional "se planteó muy seriamente", recordaba Sánchez de Vega. Por ello espera que, finalmente, se constituya un grupo de trabajo entre consejerías y que "todas las decisiones que se tomen deban acompañarse con un informe sobre el reto demográfico".