La población de Castilla y León en exclusión social severa sube tres puntos y se sitúa en el 10%

La población de Castilla y León en situación de exclusión social severa subió tres puntos y se situó en el entorno del diez por ciento, según los datos arrojados por el Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad durante el año 2022, presentado durante la tarde de este martes en el salón de actos de Unicaja, en la sede de la entidad ubicada en la plaza de los Bandos de Salamanca.

Durante el acto, el técnico del equipo de estudios de Cáritas Española y Fundación Foessa, Pedro Pérez Rey, fue el encargado de desgranar los aspectos más importantes del informe, así como los datos que afectan al ámbito de Castilla y León a través un diagnóstico completo de “la realidad de los olvidados”, y atribuyó este crecimiento de la exclusión social severa a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

En síntesis, el informe es un retrato de la realidad social de la región, fruto de la investigación realizada por la Fundación Foessa a través de la encuesta sobre integración y necesidades sociales elaborada por más de 500 personas comprometidas con la realidad de los más desfavorecidos. Sus datos ofrecen tanto “elementos para la preocupación”, dada la envergadura de los efectos que la crisis ha tenido en la estructura social del país, como “razones para la esperanza”, a la luz de las fortalezas que muestran ámbitos como “la participación social, la solidaridad, el voluntariado y las redes familiares”.

Según las palabras de Pedro Pérez Rey, “es una barbaridad de incremento”, ya que “supone que hay un montón de gente que está en el estrato más bajo de la sociedad y en las perores condiciones”. “Son personas que acumulan sobre sí un montón de problemas, no solo referentes a la pobreza económica, también a la soledad, a las malas relaciones sociales, además de problemas con el empleo y la vivienda. Y así hasta 37 indicadores diferentes”, resumió el técnico de Cáritas Diocesana en referencia a los apartados de organización de la encuesta.

Una exclusión que se distribuye a través de tres brechas diferentes que ya existían antes de la pandemia, pero que se han visto incrementadas desde el último informe. En concreto, los problemas son más severos en aquellos hogares donde el principal sustento económico es aportado por una mujer, lo mismo que en aquellos en los que se trata de un menor de 30 años y, “en una proporción mucho mayor”, cuando se trata de una persona de origen extranjero perteneciente al colectivo migrante.

Otra de las principales conclusiones del informe elaborado por Cáritas tiene que ver con el empleo y, más concretamente, con “el deterioro en las condiciones de trabajo”, especialmente, desde el punto de vista de la capacidad que un empleo tiene como garantía para estar en una buena situación social. “Eso probablemente ha desaparecido ya. Ahora tendremos que hablar, no de tener un empleo, sino de tener un buen empleo”, matizó Pérez Rey.

Por otro lado, el porcentaje de población ubicada en la denominada zona de integración, “la de la normalidad”, donde están aquellas personas y familias a los que no les afecta ningún indicador de exclusión social, y “donde debiera estar la inmensa mayoría de la población de una sociedad decente”, según los datos del informe, se ha reducido en diez puntos, del 60 al 50 por ciento en Castilla y León.

Sin embargo, una de las medidas más solicitadas por la población que integra los estratos de exclusión social, el Ingreso Mínimo Vital, no está funcionando todo lo bien que debiera, según Cáritas Diocesana, pues, con datos de 2021, solo lo percibe una de cada cuatro personas en situación de pobreza severa en la Comunidad. “Es una gran noticia, pero está deficientemente implementado porque está planteado fundamentalmente desde la sospecha. Para poder acceder a él tienes que demostrar todo, incluso alguna cosa absurda, como es la obligación de presentar la declaración de la renta del año anterior”, valoró el técnico, quien tampoco considera que se esté complementando bien con las ayudas autonómicas de inserción.

Con esta situación, la intención es mirar al futuro con optimismo y corregir, en la medida de lo posible, el preocupante avance de la exclusión social en Castilla y León. “Parece que los indicadores económicos van funcionando y, poco a poco, vamos saliendo de la crisis. Algunas de las medidas públicas han estado bien, pero son políticas pensadas para la calase media, que están muy bien, pero igual conviene que pensemos un poco en reorientarlas mejor”, concluyó el técnico de Cáritas.