Los sindicatos denunciarán a la Junta ante la Inspección de Trabajo por "incumplir el Plan de Igualdad"

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT denunciarán a la Junta de Castilla y León ante la Inspección de Trabajo por "incumplir el I Plan de Igualdad para los Empleados y Empleadas Públicas". Así lo han anunciado Regina Álvarez, de CSIF; Tomás Pérez, de UGT; y Pilar González, en representación de CCOO. Las tres entidades reclaman, además, una reunión de la comisión de seguimiento, "ya que se tenía que haber elaborado un informe y una memoria de evaluación anual del desarrollo del Plan", manifiestan. Además, critican el "total e intolerable desinterés de la Junta y de sus consejerías por el Plan de Igualdad" y señalan que "la convocatoria de elecciones no pueden ser una excusa para su paralización".

Los sindicatos lamentan "el incumplimiento de la implantación, el seguimiento y la evaluación del Plan de Igualdad, año y medio después de su aprobación en la Mesa General de Negociación el 23 de diciembre de 2020 y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) el 22 de febrero de 2021". CSIF, CCOO y UGT recriminan a la Junta que no haya facilitado datos para poder evaluar el seguimiento de dicho Plan. "Tras año y medio, nos encontramos en la situación del principio", ha indicado Regina Álvarez, que también ha recordado que "a la última reunión solo acudieron tres consejerías, lo que deja entrever que la Junta no tiene ningún interés porque este Plan siga adelante". Ante esta situación, según ha señalado Tomás Perez, "la Junta contribuye a perpetuar las situaciones de discriminación existentes".

Tal como explican, "la primera consecuencia de la inaplicación del Plan de Igualdad es la desconfianza que se genera hacia la Junta de Castilla y León, tras un nuevo incumplimiento de un acuerdo con sus empleados y empleadas públicas". Los sindicatos recuerdan, además, que "todavía sigue pendiente la aplicación del acuerdo de la recuperación de la jornada de 35 horas semanales", y recalcan que "el Gobierno autonómico ha entrado en una peligrosa dinámica de incumplimientos". 

Otras consecuencias de la falta de desarrollo del Plan de Igualdad, según ha enumerado Pilar González, son la imposibilidad de "implantar sistemas objetivos de selección del personal contratado, garantizando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Tampoco se ha podido elaborar y aplicar un protocolo para el embarazo y la lactancia; o no se ha creado una bolsa de horas laborables recuperables que facilite la conciliación de la vida laboral con la familiar y personal". Asimismo, "ha quedado pendiente la realización de protocolos específicos de actuación ante el acoso sexual, o que garanticen la carrera profesional y la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Además, no se ha incorporado un enfoque de género al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que reconozca el impacto diferencial entre hombres y mujeres, las evaluaciones y la planificación de la actividad preventiva". 

Las tres organizaciones señalan que "la Junta no ha presentado un análisis comparativo de las retribuciones de las plantillas por sexo, por clasificación profesional y por trabajos similares, con el fin de reducir la brecha salarial de género que existe". Tampoco "se ha hecho nada en la administración de la Junta de Castilla y León" en cuanto a la incorporación del lenguaje inclusivo o la exclusión de imágenes sexistas. "Se nos ha privado del desarrollo de acciones de formación y sensibilización que promueven la corresponsabilidad; la ruptura de roles y estereotipos, la igualdad de oportunidades y contra la violencia de género", afirman.

CSIF, CCOO y UGT recuerdan que "ni se ha desarrollado el reglamento de funcionamiento de la comisión de seguimiento del Plan, ni se ha concretado un calendario anual de acciones", cuando "hubo que esperar siete años de negociación y una denuncia en la Inspección de Trabajo para que la Junta aceptara un acuerdo con las organizaciones sindicales para aprobar un Plan de Igualdad, sin que hasta el momento haya avanzado en nada, cuando su vigencia es de solo dos años, por lo que está a punto de finalizar. No nos queda tiempo".