UGT denuncia que la explotación sexual ha aumentado en Castilla y León por encima de la media nacional

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños se celebra, desde 1999, el 23 de septiembre para concienciar de la grave violación de los Derechos Humanos que supone este delito cometido, la mayoría de las veces, por redes de crimen organizado. Esta práctica delictiva priva a las personas de su dignidad, libertad y derechos fundamentales.

Desde UGT Castilla y León, la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad, Victoria Zumalacárregui Suárez, quiere recordar un año más que la explotación sexual es una de las modalidades de trata más extendida y común también en España. Y es que las actividades delictivas relacionadas con la esclavitud y la explotación sexual mueven al año 40.000 millones de euros en todo el mundo (12.000 M€ en la Unión Europea) y dejan graves secuelas físicas y mentales en las víctimas, mujeres en un 98%, secuelas especialmente graves en niñas y niños.

La Memoria Anual 2022 de la Fiscalía General del Estado revela que el 67,27% de las diligencias en este ámbito lo han sido en persecución de delitos de trata con fines de explotación sexual, el 3,63% con fines mixtos de explotación sexual y otros, el 16,36% por trata laboral, el 3,63% por trata con fines de matrimonio forzado, el 8,18% por trata con fines de cometer delitos y el 0,90% con fines de servidumbre. Por tanto, sigue predominando la trata con fines de explotación sexual, con mucha diferencia frente a las otras modalidades de trata.

También según la Fiscalía, en estas diligencias se han detectado 277 víctimas de explotación sexual (213 plenamente identificadas y 64 en situación de grave riesgo). La mayoría de ellas son mujeres (98,55%), entre las que se encuentran cinco menores de edad y una con discapacidad, provenientes de diferentes continentes: de África (Angola, Guinea, Marruecos y Senegal), de América (Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), de Asia (China, Mongolia y Tailandia) y de Europa (Albania, España, Moldavia y Rumanía). Entre las víctimas de origen hispanoamericano predominan las colombianas (39), paraguayas (30) y brasileñas (23) y siguen constituyendo el grupo más numeroso.

El Ministerio del Interior ofrece datos sobre número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes. Estas estimaciones sitúan a Castilla y León muy por encima de la tasa española en 2021, con un 0,76 frente al 0,40 respectivamente. Si la trata es con fines de explotación sexual la diferencia en la tasa es aún mayor: 0,71 en Castilla y León, 0,29 en el conjunto de España. En los últimos siete años la tasa de víctimas con fines de explotación sexual ofrecida por el Ministerio, muestra una evolución peor en nuestra comunidad ya que, en 2015, Castilla y León contaba con una tasa de 0,12 y aún era inferior a la tasa nacional que rondaba el 0,30.

De hecho, en Castilla y León, han sido 51 las víctimas de trata y explotación sexual en el año 2021, según datos de Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Esta cifra supone un incremento de más del 60% respecto al año anterior (20 víctimas) y en torno a un 55% en relación con los datos del 2019 (28 víctimas). Para Victoria Zumalacárregui, es necesario señalar que la actividad preventiva, según los datos de las inspecciones administrativas realizadas en los últimos cinco años, han descendido drásticamente, puesto que, en 2017, se realizan 221 inspecciones frente a las 186 de 2021. En el año 2020 descendieron a 151, pero se trata de un descenso que podría estar justificado por la situación de pandemia, justificación ya inaplicable al 2021, año de normalidad en el que se podría haber recuperado la acción inspectora.

En este sentido, Zumalacárregui explica que el descenso que recoge la CITCO en el número de personas en situación de riesgo en Castilla y León (990 en 2017 a 671 en 2021) podría deberse al descenso en la actividad inspectora por lo que “no debemos bajar la guardia en una materia tan grave como la trata y la explotación. Sería conveniente analizar estos diferenciales para asegurar que no se deben a cierta relajación inspectora, y reforzar la prevención para no dar tregua a esta actividad delictiva”. De hecho, según la misma fuente, las víctimas de explotación sexual y trata sexual identificadas en Castilla y León, han pasado de seis en 2017 (de mayor actividad inspectora), a 51 en 2021. De la misma forma que el número de detenidos por esas modalidades de trata se han incrementado del 2017 al 2021, de 8 a 41 respectivamente.

Además, Zumalacárregui destaca que “la vulnerabilidad de las mujeres migrantes es aprovechada por tratantes y explotadores para convertir a las personas en objetos con los que se comercia o se explota. Todo ello en el marco de una cierta tolerancia social y política, a la que contribuyen los mensajes de rechazo, abiertamente racistas”. Cabe recordar que, según estiman fuentes del Gobierno de España, en torno a 45.000 mujeres y niñas están en situación de prostitución en nuestro país y una de cada cinco de estas víctimas es una niña. Se trata, por tanto, de negocio en expansión sostenido por quienes lo demandan (en el 98% de los casos los demandantes son hombres).

Para UGTCyL, “las fuentes oficiales apenas arrojan datos de la verdadera dimensión de esta lacra, invisibilizando a miles de víctimas tanto en nuestro país como en el resto de Europa o del Mundo, a ojos de la sociedad en general, y también de las propias autoridades encargadas de acometer soluciones con más acierto a partir de cifras reales que muestren la amplitud y gravedad del problema”.

No obstante, el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 (en consonancia con la nueva Estrategia de la UE para combatir la trata de seres humanos (2021-2025) o la elaboración, ya en marcha, de la futura Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos), constituyen iniciativas que tratan de proporcionar una respuesta integral al delito, desde la prevención y la protección y el empoderamiento de las víctimas hasta llevar a los traficantes ante la justicia.

Ahora bien, no podemos olvidar que, además del perfil más prevalente de víctima de trata (mujer migrante explotada sexualmente), existen otros perfiles especialmente vulnerables aprovechados para diversas formas de explotación, como la laboral, la servidumbre doméstica o la mendicidad. Y las cifras que se barajan no son nada despreciables incluso en nuestro país, porque ocultan otros perfiles de explotadores como pueden ser las parejas de las víctimas, familiares, o empleadores/as de servicio doméstico, que se suman, en este fin, a las redes de trata.

Por eso, desde la Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad, de UGT Castilla y León exigen al gobierno medios materiales y humanos para combatir esta lacra, medidas para evitar que las personas que huyen de conflictos, como la que ahora se está produciendo con la guerra de Ucrania, y otras migraciones forzosas sean captadas con fines de explotación sexual o cualquier otra forma de trabajo forzoso.

También, para el sindicato, es preciso que se agilice la tramitación de la Ley Integral contra la trata de seres humanos, para que sea una realidad lo antes posible y la penalización del proxenetismo y de cualquier forma de tenencia de locales destinados a ejercer la prostitución, tal como señala el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y la explotación en la prostitución ajena, ratificado por España, recogido por la futura Ley sobre prostitución ya en trámite. Asimismo, tal y como han señalado con anterioridad, es imprescindible incrementar y reforzar la acción inspectora.

Igualmente, en Castilla y Leon, destacan desde UGTCyL que el desarrollo de programas en materia de migraciones se encuentra actualmente sin renovar por parte de la Junta pese a que su impacto es enormemente positivo porque se materializa en un colectivo especialmente vulnerable en este ámbito, a través de la información, asesoramiento o acompañamiento, laboral, social y jurídico.