El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha remitido una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para exigir “igualdad de trato” ante “el desastre” de los trenes FEVE. Mañueco exige que las medidas de compensación para los usuarios “tienen que ser las mismas” en todas las comunidades afectadas y ha solicitado, junto al presidente de Galicia, una reunión con la ministra “a la mayor brevedad”.
Así, Castilla y León exige al Gobierno de España tener las mismas compensaciones que se han acordado con Asturias y Cantabria tras el fallo del ancho métrico de los trenes y que consiste en la gratuidad de los cercanías hasta que entren en funcionamiento los nuevos.
En el escrito remitido, Mañueco pide también a la ministra que le detalle la previsión de los plazos de entrega de los trenes fallidos y la de renovación de los trenes que iban a circular por Castilla y León en la línea anunciada por el ministro Ábalos. Además, le exige que se trate a todos los españoles “por igual” y que aplique las medidas de compensación para los usuarios en todas las comunidades afectadas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido en la misma línea “información, soluciones e igualdad” al Ejecutivo central. Primeramente, ha criticado que no hayan recibido ninguna información pese a haberlo solicitado formalmente al Ministerio hace 15 días, ni qué consecuencias tendrá esta situación ni cuándo llegarán los trenes prometidos.
Al mismo tiempo, ha lamentado que no solo se haya invitado a dos comunidades autónomas a la reunión con el Gobierno, “excluyendo” al resto de las afectadas, como Castilla y León, Galicia y País Vasco. “No entendemos el mal trato a las CCAA por el hecho de ser leales”, ha señalado Carriedo.
Pero además, la Junta de Castilla y León pide que aplique el mismo nivel de gratuidad de otras comunidades, ante lo que ha calificado de “falta de igualdad” en función del lugar de residencia. Así, exige que se analice la situación de las demás comunidades y se aplique también para las personas de Castilla y León, ya que también se ven perjudicados, subraya el portavoz, por la “mala actuación” del Gobierno.