El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha inaugurado esta mañana la Jornada de la Cámara de la Propiedad sobre la Ley de Vivienda Estatal. Bajo el título “Ley por el derecho a la vivienda, un año después”, técnicos y jurídicos van a analizar las consecuencias procesales de esta ley en el mercado de alquiler. De este modo, se evaluará si se ha logrado el objetivo que persigue, si las políticas impulsadas son las más adecuadas o si se ha incrementado el mercado de alquiler.

Suárez- Quiñones ha inaugurado estas jornadas y en sus primeras palabras se ha mostrado crítico con la aplicación de esta Ley.  “Ha nacido con polémica con las dudas por su constitucionalidad. Estamos hablando de una Ley de Vivienda que el Gobierno de España pone en marcha sin contar con las Comunidades Autónomas, sin contar con Castilla y León”, ha expresado el consejero, quien habla de una ley nacida de la “ideología”. En este sentido, ha señalado que hay ocho recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver por parte del Tribunal Constitucional e indicó que se trata de una ley “forzada”. “No era necesaria, ya que es una copia de preceptos que están en otras normas”, ha apostillado.

La posición de la Junta de Castilla y León respecto a la aplicación de esta Ley de Vivienda Estatal es crítica y así lo ha confirmado el consejero, quien considera su aplicación “un fiasco” por favorecer la ocupación y perjudicar al propietario de un inmueble recuperar la posesión de su vivienda. “Tiene buena intención porque pretende incentivar el mercado de la vivienda público y privada en régimen de alquiler, pero el problema es que la regulación busca lo contrario”, ha valorado Suárez-Quiñones, a lo que añadió que la Junta de Castilla y León defiende que esta incentivación tiene que llegar de la mano de la “inversión y fomento”.

No quiso el consejero entrar en detalles en cuanto a las inversiones que la Junta de Castilla y León ha realizado para fomentar el acceso a la vivienda al estar el periodo prelectoral. Pese a no nombrarlo, Suárez-Quiñones se refirió a la construcción de viviendas en régimen de alquiler, la rehabilitación de las antiguas viviendas de camineros para el alquiler social o la recuperación de viviendas en el entorno rural con el programa Rehabilitare que la Junta de Castilla y León ha impulsado para dar un impulso al parque público de la vivienda en la Comunidad.

Otro de los asuntos tratados fueron la labor de las oficinas antiocupas que este mes de mayo cumplen un año desde su puesta en marcha en las diferentes provincias de la Comunidad. El escaso número de consultas ha sido objeto de debate. Sin embargo, Suárez-Quiñones defendió la necesidad de mantener activas estas oficinas. “Afortunadamente, la ocupación en Castilla y León es limitada. Las oficinas se han implantado para que el propietario conozca de antemano qué tiene que hacer para evitar la ocupación de su vivienda. Hemos registrado 6.500 consultas vía telemática y 170 consultas presenciales en las oficinas. Estas oficinas entrar en el ámbito jurídico en el que el propietario tiene que acreditar las acciones previstas penales y civiles”, concluyó el consejero.