Medidas "insuficientes" en los colegios: un 82% de las familias incrementó su gasto en material escolar

Un 29 por de la población de la Comunidad considera que las medidas aplicadas para que todos los niños puedan seguir con su educación "han sido suficientes", frente al 57 que considera que no se han tomado medidas o que éstas han sido "insuficientes" y "tienen que mejorar" a medida que avance el curso escolar para acercarse a la media estatal, según se refleja en el informe Cole Seguro que realiza la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León.

Entre las conclusiones del estudio, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que un 82 por ciento de las familias reconoce que incrementó su gasto en materiales y equipos escolares con respecto a cursos anteriores.

Sin abandonar el aspecto de la equidad educativa, el informe apunta que no se han identificado ampliaciones en las partidas de programas específicos para el fomento de la igualdad de oportunidades a través de los fondos COVID.

Sin embargo, la partida destinada a comedor escolar en Castilla y León es "muy superior" a la media de España alcanzando el 4,8 por ciento de los Fondos COVID-19 en esta Comunidad frente al 2,5 por ciento estatal. Esta financiación se ha destinado al establecimiento de ayudas y becas para el acceso al servicio de comedor escolar, de acuerdo con este estudio.

En cuanto a la educación digital, el gasto se sitúa en el 0,81 por ciento del fondo, muy por debajo del 10,19 por ciento que ha destinado de media en el resto de Comunidades. Castilla y León, a través de los fondos COVID-19, ha invertido un euros por estudiante en educación digital (frente a los 22,25 de media en España).

El 62 por ciento de la población encuestada en Castilla y León considera que la educación digital en su centro es "regular o deficiente" (diez puntos porcentuales menos de laoración que la media estatal de un 52 por ciento).

Por lo que se refiere a las medidas adoptadas en los centros durante la pandemia, de forma general en toda España se identifica que las administraciones educativas han adoptado medidas para favorecer la seguridad de la educación presencial, si bien los datos en Castilla y León muestran una satisfacción inferior que en la media nacional, con un índice insatisfacción del 47 por ciento de las respuestas (frente al 40 estatal).

AUMENTOS DE PLANTILLA
La Plataforma señala que cada centro ha aumentado su plantilla en un docente de media durante este curso en Castilla y León, por debajo de la media de España, aunque se ha invertido más del 70 por ciento de los Fondos a esta partida. Sin embargo, sí ha aumentado el porcentaje de sustituciones por COVID.

En Castilla y León, Región de Murcia y Extremadura, el 63 por ciento de la población considera que la comunidad educativa no ha podido participar de las decisiones que se han tomado en el centro en cuanto a la COVID-19, 13 puntos por encima de la media estatal.

Asimismo, en el conjunto de España las personas con las rentas más bajas consideran en mayor proporción que las medidas adoptadas y la información recibida sobre ellas han sido "insuficientes o poco efectivas" con respecto a las de rentas medias y altas.

Sobre los protocolos adoptados para garantizar la seguridad de la educación presencial, el 70 por ciento de las personas encuestadas sabe a quién contactar en el centro si hay un caso positivo de COVID-19.

Además, los protocolos de entrada y salida y las medidas adicionales de ventilación han sido adoptadas en la mayor parte de los centros consultados y un 71 por ciento ha establecido grupos de convivencia en todos los cursos, respetándose en el 84 por ciento de las ocasiones.

Frente a esto, el informe constata que las medidas adoptadas para frenar la expansión de la COVID-19 "están teniendo y tendrán a medio y largo plazo un impacto negativo sobre la salud mental y el bienestar emocional de niños y adolescentes", a pesar de lo cual "no ha habido ningún anuncio de fondos destinados a ampliar los servicios de atención psicológica en centros educativos a cargo de los Fondos COVID-19".

Ante esto, los responsables del estudio solicitan "mayor transparencia" en el uso de los recursos públicos por parte de las administraciones educativas, ya que para analizar las inversiones llevadas a cabo haciendo uso de los fondos COVID-19 han encontrado "un gran número de obstáculos" que "dificultan la evaluación y el adecuado control de las políticas públicas".