La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha solicitado que se reconsidere la implantación de los currículos el próximo curso por falta de tiempo: el retraso en la publicación de los reales decretos estatales va a hacer muy difícil tener preparados los textos autonómicos para el 1 de septiembre de 2022.
Así lo ha manifestado la titular de Educación en la Conferencia Sectorial que se ha celebrado esta tarde de forma telemática. Durante el encuentro, los consejeros autonómicos y la ministra de Educación y Formación Profesional han debatido los borradores de las normas que regirán las enseñanzas mínimas, tanto de Educación Primaria como Secundaria.
En este aspecto, la consejera de Castilla y León ha reiterado su disconformidad con los reales decretos y con la supresión de las convocatorias extraordinarias por devaluar ambas medidas la calidad del sistema educativo. Concretamente, en el currículo de Secundaria, Rocío Lucas ha mostrado su rechazo a emitir el título de ESO sin calificación. Una decisión que derivará en la ley del mínimo esfuerzo y restará valor al esfuerzo del alumnado que hayan obtenido calificaciones superiores.
Religión
Respecto a la materia de Religión, Castilla y León considera que la falta de una asignatura espejo complicará la organización de los centros educativos a la vez que relegará la materia a un papel secundario.
Finalmente, en lo referente a evaluación, promoción y titulación, Rocío Lucas ha mostrado su malestar por el cambio de reglas a mitad del partido que se ha producido con la publicación del Real Decreto. En reuniones anteriores el Ministerio de Educación y Formación Profesional aseguró que iba a haber una disposición transitoria para este curso respecto de las pruebas extraordinarias de evaluación de ESO y se ha eliminado esa posibilidad con la excusa de que lo exige el Consejo de Estado, cuyo informe no es vinculante.
Sistema financiero más justo
Por otro lado, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha pedido un sistema de financiación justa con los territorios de la España interior para garantiza unos "servicios de calidad con independencia del territorio".