El Procurador del Común ha solicitado a la Consejería de Educación "un mayor compromiso" con respecto a las zonas rurales para el nuevo curso escolar. La despoblación y la baja natalidad suponen un problema para determinados territorios de Castilla y León que, poco a poco, van ofertando menos plazas.

"La crisis de la natalidad y el fenómeno de despoblación en el ámbito rural está haciendo que, desde hace años, en los pueblos se vayan dejando de ofertar las plazas escolares que ya no resultan necesarias; ahora bien, también es lo cierto que la existencia de una oferta educativa adecuada, que permita a las familias escolarizar a sus hijos en el ámbito rural, es una circunstancia de importancia para fijar la población existente e, incluso, para recibir y asentar población interesada en fijar su residencia en un entorno rural", han denunciado desde el organismo.

Desde el Procurador del Común muestran "su preocupación por el presente y el futuro de la escolarización en el ámbito rural, promoviendo una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Educación con la finalidad de analizar la evolución que se ha producido en lo que respecta a la prestación del servicio educativo en el medio rural de nuestra Comunidad". Al mismo tiempo, proponen algunas medidas con la anticipación suficiente al inicio del nuevo curso escolar 2022-2023, para que, en caso de ser aceptadas por la Administración, sean aplicadas sin demora alguna en el próximo curso escolar.

La Defensoría, pues, ha propuesto a la citada Consejería la adopción de las medidas que considera imprescindibles para favorecer la igualdad de oportunidades de todo el alumnado sin excepción y en favor de la dotación de los servicios públicos que merecen los ciudadanos que residen en el medio rural.

Así, han pedido que "para los centros públicos incompletos y localidades de colegios rurales agrupados, se incorpore a la normativa vigente la posibilidad de autorizar el establecimiento y mantenimiento de unidades educativas aunque no se cumplan las bajas ratios que actualmente ya se contemplan en la normativa en vigor, en función de las circunstancias de cada caso en particular, así como de las expectativas que puedan existir de fijar población escolar en un marco temporal superior al del próximo curso escolar".

Asimismo, consideran "imprescindible que los centros educativos cuenten con los medios personales y materiales que garanticen una educación de calidad, sin olvidar la singularidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como con los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar que sean precisos para facilitar la vida de los escolares y sus familias", han incidido.

Por último, piden que "tanto en la configuración de las políticas dirigidas a la prestación del servicio educativo en el ámbito rural, como a la hora de gestionar la prestación del servicio educativo en dicho medio, se tengan en consideración, en todo caso, las necesidades, demandas y aportaciones de las Administraciones locales, así como las de los miembros de la comunidad educativa que, por tener un contacto más próximo con la realidad de cada municipio o localidad, necesariamente están en las mejores condiciones de concretar esas necesidades".