Más de un centenar de profesores universitarios de Castilla y León apoyan la carta contra la politización de los claustros

Más de un centenar de catedráticos y profesores de universidad de Castilla y León (Valladolid, Salamanca, Burgos y León) han firmado una carta dirigida a senadores y diputados del Congreso para reclamar la retirada de un polémico artículo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El colectivo denuncia que esta nueva ley impulsada por el Gobierno “ampara los posicionamientos políticos en los campus”, y lo equiparan con los que se hizo en varias universidades catalanas tras el referéndum ilegal del 1-0.

Entre los firmantes hay 57 que proceden de la Universidad de León, 24 de la Universidad de Salamanca y de la Pontificia, 21 de Valladolid y 4 de la de Burgos. Con nombres ilustres como Fernando Rey (catedrático de Derecho Constitucional), José María Eíros (Microbiología). A nivel nacional, se encuentran los pensadores Fernando Savater, Félix de Azúa; el escritor Félix Ovejero o el economista Jorge Calero.

"Las universidades públicas están sometidas al deber constitucional de neutralidad ideológica, que la libertad de expresión es un derecho individual, y que la autonomía universitaria tiene un carácter instrumental, puesto que se constituye exclusivamente como garantía de la libertad de cátedra", señala el texto firmado por el centenar de castellanos y leoneses, entre los que hay catedráticos e incluso eméritos.

Esta función ha sido incorporada al texto de la LOSU a raíz de sendas enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu, cuyo redactado inicial atribuía a los claustros la función fundamental de “analizar, debatir y posicionarse sobre temáticas de especial trascendencia social, cultural, jurídica, económica o política”, y de una tercera enmienda del Grupo Parlamentario Plural que proponía como función la de “debatir temas de trascendencia social”.

Libre debate

Esta carta ha sido firmada por un millar de catedráticos y profesores de universidad de toda España y su argumento es que “la función de los órganos universitarios de gobierno y representación no puede ser la de definir y promover una determinada línea ideológica o la de establecer un pensamiento oficial o institucional de la Universidad, sino la de garantizar el libre debate de las ideas entre todos sus integrantes”.

La carta es pública y se espera que se sumen cuantos profesores consideren que las universidades no han de tener un pensamiento oficial sino constituir un foro abierto para el debate libre de ideas.

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