Es otra de las medidas estrella del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que choca con la voluntad de las comunidades autónomas, en especial donde gobierna el Partido Popular. Los estudiantes en prácticas empezarán a cotizar a la Seguridad Social desde el próximo 1 de octubre. La cotización por estos estudiantes en formación estará bonificada al 95%, sin embargo, está recibiendo el rechazo de muchos empresarios ante la “gran papeleo” y trámites burocráticos que tienen que realizar. De esta manera, muchas piensan ya en rechazarlas, provocando un cisma en la relación educativa y laboral. La Junta de Castilla y León alerta de que existe el “riesgo” de la pérdida de las prácticas en el ámbito universitario pero, sobre todo, en la FP.
Por este motivo, las comunidades se reunirán hoy con representantes del Ministerio de Educación y se verán mañana con miembros del Ministerio de Universidades para expresar un miedo que lleva semanas creciendo en los campus. Y es que la nueva medida obliga a cambiar las condiciones de las prácticas y se ponen en riesgo muchos acuerdos con empresas, algo que afectará tanto a universidades públicas como privadas.
Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, muestra su “total rechazo” a una nueva norma que demuestra “una vez más” la forma de trabajar de un Gobierno que hace “las cosas precipitadas”. La consejera Rocío Lucas ha reconocido hoy en Valladolid que el rechazo es “frontal” porque la posibilidad de que te puedas quedar sin prácticas es una realidad. Y no solo en el ámbito universitario, Lucas ha incidido en que puede ocurrir en el de la Formación Profesional. “Muchas empresas no disponen de las herramientas y los medios para preparar estas prácticas. No queremos que lo que ahora funciona muy bien en la FP, donde hay un crecimiento en los últimos años, se produzca una marcha atrás”, ha lamentado.
La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación y la realización de prácticas académicas externas se hará por parte de dos colectivos: los alumnos universitarios y los de formación profesional, menos la intensiva. Además cotizarán por contingencias comunes y profesionales, pero no por desempleo, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ni por formación profesional.
Lucas ha puesto sobre la mesa que se trata de una norma “con muchas incógnitas”. Por ejemplo crea diferencias entre los que hacen prácticas y los que no, dependiendo de la materia. “Unos cotizan y otros. Es un despropósito que hay que reflexionar entre todos. No se puede poner en macha de manera unilateral”. Ante esto, pide una moratoria de su puesta en marcha ya que desde el Ministerio “desconocen el impacto que puede tener esta medida en el sistema educativo y laboral”.
La consejera recuerda que en Castilla y León es un territorio lleno de pymes y empresas que se apoyan en alumnos en prácticas y que ahora podrían estar en peligro. Por eso insinúa que se trata de una medida para “maquillar los datos de afiliación a la Seguridad Social”.