La polémica surgida a raíz de la falta de la partida presupuestaria que se destina desde la Consejería de Educación al mantenimiento y gasto de los centros educativos de Castilla y León aviva el tono entre las formaciones políticas. La última, Podemos, que ha alzado la voz ante la problemática surgida. "Es inadmisible que la Junta no tenga como prioridad proteger a nuestros menores", han subrayado.

De esta forma, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, el partido liderado por Pablo Fernández, que por cierto va en la lista de Irene Montero como número 3 para las primarias del partido de cara a las elecciones europeas de este verano, ha denunciado que la Junta ha prorrogado los presupuestos de 2023, provocando que, con el alza de los precios de la energía, el precio de los materiales y los servicios, "un gran número de centros educativos públicos" manifiestan la "imposibilidad de hacer frente a los costes" que provocan tener, por ejemplo, encendida la calefacción, pagar la luz o mantener las instalaciones.

La secretaria de Educación de Podemos Castilla y León, Almudena Villarreal, ha calificado esto como "un paso más que da la derecha, sin ninguna sin vergüenza", hacia la "privatización" del sector educativo. Consideran la situación como "indadmisible" por el hecho de que el Ejecutivo autonómico "no tenga como prioridad" la protección de los menores, garantizándoles el acceso a una educación pública de "calidad". 

Ha recalcado que la educación pública cada vez cuenta con "menos recursos", algo que contrasta con las "ayudas" que reciben los colegios privados y concertados.

Podemos Castilla y León ha destacado que la educación pública ha de ser "una prioridad siempre", como tiene que suceder también en la "sanidad y la política de cuidados". "Esto es un recorte en toda regla y exigimos a la Junta de Castilla y León que se retracte y no devalúe más los servicios públicos a los que la ciudadanía tiene derecho", han sentenciado.