El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, mantuvo hoy un nuevo encuentro con Luis Fuentes para analizar, de una parte, la evolución del cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 2019-2022 del órgano de control externo, por otra para informarle sobre la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones y para recordar la necesidad de modificar la Ley reguladora del Consejo de Cuentas en los términos planteados en anteriores reuniones. Este encuentro se enmarca en una ronda de reuniones que el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, va a mantener en las próximas fechas con los máximos responsables de las Instituciones Propias de la Comunidad Autónoma para analizar los objetivos de estos órganos adscritos a las Cortes para el año 2021. Con la primera reunión de trabajo celebrada hoy con Mario Amilivia da inicio una serie de encuentros que tienen como objetivo fortalecer el papel del Consejo de Cuentas, así como del Consejo Consultivo, del Consejo Económico y Social de Castilla y León y el Procurador del Común.
En opinión de Amilivia, en el caso de la institución que preside, las orientaciones contempladas en el Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo de Cuentas, se están demostrando un acierto, convirtiendo al órgano autonómico de control externo en una institución más eficaz y eficiente. No obstante, en el ecuador temporal del plan, el presidente del Consejo considera que ha llegado el momento de acometer una reforma normativa que permita al Consejo un nuevo impulso en el cumplimiento de sus objetivos. Por un lado, el primero de los cuatro objetivos del Plan Estratégico del Consejo de Cuentas pasa por reforzar su independencia y garantizar su autonomía. En tal sentido, Amilivia recordó que los grupos parlamentarios de las Cortes ya han recibido una iniciativa de modificación legal por parte del Consejo en aras a la aprobación, de manera autónoma, del plan anual de fiscalizaciones.
El segundo de los objetivos es el de promover la mejora de la gestión económico-financiera del sector público mediante la aplicación de las recomendaciones contenidas en los informes del Consejo. En relación a ello, Mario Amilivia significó que este año el grado de cumplimiento de las recomendaciones por parte de la Junta, única administración que es fiscalizada todos los años, ha experimentado un 60%, 29 puntos más que en el ejercicio 2018. A la vista de los resultados de este informe, reiteró a Luis Fuentes la conveniencia de una modificación reglamentaria que posibilite un ajuste puntual de los plazos que regulan su procedimiento de elaboración a fin de que los entes auditados dispongan de un periodo de tiempo más razonable para implementar las recomendaciones correspondientes y elaborar, en definitiva, un trabajo más fiable.
El tercero de los objetivos estratégicos se centra en el avance en materia de transparencia en la gestión pública impulsando el cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas por parte de las 4.749 entidades que conforman el sector público local. En un año marcado por la pandemia y con el aplazamiento del plazo tope de rendición hasta el pasado 22 de enero se han obtenido unos datos muy satisfactorios en el cumplimiento de esta obligación legal. Por ejemplo, por parte de los ayuntamientos con una mejora de 3 puntos porcentuales, teniendo en cuenta el hecho de que Castilla y León concentra una cuarta parte de los municipios y el 40% de las entidades locales menores de todo el país. Y todo ello, además, sin contar con medidas de estímulo a la rendición, que sí son aplicadas por otros órganos de control externo, y que también han sido incluidas en el conjunto de normativas solicitadas. Dentro del análisis del cuarto objetivo estratégico, el fortalecimiento del Consejo como referencia institucional en el análisis de la situación económicofinanciera de las administraciones públicas, puso en valor los convenios de colaboración suscritos el último año, con el Tribunal de Cuentas; con las Consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda de la Junta; con el Consejo Consultivo y con la Universidad de Salamanca.
A todo ello, en breves fechas el Consejo de Cuentas presentará un documento que compendia, con un propósito fundamentalmente divulgativo, el centenar de fiscalizaciones realizadas durante 15 años sobre el sector público local de la Comunidad. En segundo lugar, en cuanto al Plan Anual de Fiscalizaciones recientemente aprobado por las Cortes, Amilivia aseguró que da respuesta a las exigencias del pacto de reconstrucción acordado por la mayoría de las fuerzas políticas de la Comunidad y que la suma de todos los trabajos en tramitación alcanza los 60 en la actualidad. En tercer lugar, se abordó el estado de la iniciativa normativa impulsada para posibilitar que, en su caso, una vez aprobada y puesto en marcha el conjunto de medidas propuestas, el Consejo siga avanzando en eficacia y eficiencia.
En este sentido, Amilivia significó que tal y como se anunció en la última Comisión de Economía y Hacienda, en unos días el Consejo de Cuentas volverá a iniciar una ronda con los grupos parlamentarios para volver a plantear la necesidad de que se elabore una proposición de ley con el más amplio consenso posible. Una proposición de ley que, agregó, podría comprender también a otras instituciones propias de la comunidad autónoma. Para finalizar, subrayó que, pese a las dificultades derivadas de la pandemia, en 2020 se aprobaron 14 informes, dos más que la media anual y se celebraron 28 plenos, siendo 34 los informes aprobados en lo que va de mandato. El presidente compareció en 10 ocasiones en la Comisión de Economía y Hacienda para presentar 28 informes, siendo un total de 45 los que ha presentado hasta la fecha.
Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, mostró su compromiso de colaborar con el Consejo de Cuentas en la consecución de sus objetivos y agradeció a Mario Amilivia el esfuerzo de este órgano para continuar con la actividad durante la pandemia. Fuentes insistió en la necesidad de fortalecer el papel de las Instituciones Propias de la Comunidad porque “realizan un papel fundamental, en ocasiones poco visible pero no por eso menos efectivo” y que redunda en “la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.
El presidente de las Cortes afirmó que “ahora quizá más que nunca es necesario contar con órganos de fiscalización fuertes, modernos e independientes” porque ese es uno de los “elementos necesarios para lograr el funcionamiento transparente de las instituciones” y poder “garantizar los derechos que tenemos todos los castellanos y leoneses, sin excepción”.